El PP pidió ayer la dimisión del ministro de Agricultura, Luis Planas, por su imputación en un caso de robo de agua en el Coto de Doñana en la etapa en la que era consejero de la Junta de Andalucía. Planas niega cualquier responsabilidad y la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva anticipa que no acusará al miembro del Ejecutivo.

Tras la dimisión del ministro de Cultura, Màxim Huerta, al hacerse público que defraudó a Hacienda, la oposición intentaba ayer cobrarse una nueva pieza en el Gobierno. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Teodoro García Egea, reclamó la dimisión del ministro de Agricultura imputado en una causa por captaciones ilegales de agua en el entorno del parque natural de Doñana entre 2009 y 2012. Si no dimite el ministro "tendrá que hacerlo Pedro Sánchez", amenazaba ayer García Egea. Defendió su exigencia en un antiguo tuit en el que, según el portavoz popular, el líder del PSOE aseguraba que si llegaba a ser presidente no abriría los despachos ministeriales a imputados. Aunque la norma para los socialistas es que los cargos públicos han de dimitir en el caso de apertura de juicio oral, García Egea atribuye al propio Sánchez la decisión de vincular la renuncia al momento de la imputación. Esta exigencia contraviene, sin embargo, lo que defiende el propio PP. A la vez que reclamaba la dimisión del ministro por estar encausado, su portavoz adjunto sostenía que no debe haber dimisión hasta la apertura de juicio oral y lo defiende con las imputaciones de cargos del PP a instancias del PSOE que terminaron siendo archivadas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó en 2016 el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de doce empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la captación ilegal de aguas en la finca Matalagrama de Almonte (Huelva). En la misma causa están imputadas María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura, y Luis Planas, consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía. Planas, que formó parte del Ejecutivo andaluz entre 2012 y 2013, aseguró ayer que ni "era competente, ni tenía conocimiento" del robo de agua en Doñana, añadiendo que esas captaciones se produjeron cuando él no estaba al frente de la Consejería de Agricultura.

La Fiscalía de Medio Ambiente anunció que no acusará a Planas ni al resto de los cargos de la Junta y pedirá su desimputación. Esta posición quedaba ya reflejada en al menos dos autos, de julio de 2016 y de diciembre de 2017, en los que el ministerio público apuntaba que el análisis de los hechos "impide determinar que los investigados, en el marco de dicha administración (en referencia a al Junta), hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento". En el periodo investigado, el control de la política sobre aguas cambió entre la Consejería de Agricultura y la de Medio Ambiente, a veces fusionadas y otras separadas. La Fiscalía señala que las disposiciones legales del decreto de estructura de la Junta impiden determinar la responsabilidad de los cargos andaluces.

Ciudadanos exigió ayer al titular de Agricultura explicaciones sobre su situación judicial. El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, afirmó en cambio que "no hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito". El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo opina que el Gobierno de Sánchez ha "envejecido muchísimo en muy poco tiempo" y el presidente está "escondido en la madriguera".