El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los rectores del procés, discreparon ayer sobre a quién compete decidir sobre el traslado de los presos preventivos, condición en la que se hallan varios de los imputados por el magistrado del Supremo. Así, el exvicepresident Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y el exconsejero Raül Romeva, a quienes el instructor volvió a denegar ayer la libertad provisional.
Fuentes de Interior reconocieron que es este departamento el que tiene la competencia sobre el traslado de los presos preventivos, para afirmar luego que no tiene previsto trasladar a los del procés a cárceles catalanas.
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo el viernes que la competencia sobre traslados de preventivos no es de Instituciones Penitenciarias, sino del juez que instruye el caso, palabras refrendadas por la interpretación que ayer hizo Grande-Marlaska en una entrevista radiofónica.
Según el ministro, cuando haya sentencia firme la competencia sobre traslados es de Instituciones Penitenciarias, pero en el caso de los preventivos, están a disposición del órgano judicial que dictó la resolución. Pero Llarena dejó claro que la competencia es de Prisiones, según determina la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento Penitenciario, la jurisprudencia del Constitucional y la del Supremo.
El Reglamento Penitenciario, en su artículo 31, señala que si se desea trasladar a un preso preventivo, tiene que notificarse a la autoridad judicial. Notificación que se hace necesaria por si el juez tiene algún inconveniente por la práctica de diligencias en su investigación. Marlaska afirmó ayer que el traslado "se podría y se debería" evaluar si el juez no tuviera "inconveniente".
El líder del PSC, Miquel Iceta, se mostró abierto a que, una vez acabe la instrucción y hasta que se celebre el juicio, se pueda "decretar libertad condicional" para los independentistas presos, para los que pidió el acercamiento a cárceles catalanas.
En otro orden de cosas, el comisario Ferran López, que sustituyó al mayor Josep Lluis Trapero como jefe de los Mossos d'Esquadra durante la etapa del 155, presentó ayer su renuncia al cargo, que el consejero de Interior, Miquel Buch, aceptó.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, anunció una querella de la Cámara contra varios magistrados del Supremo, incluido Llarena, por impedir a los diputados presos ejercer sus derechos políticos. Además, la Generalitat potenciará su delegación en Bruselas, la única que siguió abierta bajo el 155, y reabrirá "en dos o tres semanas" las de Washington, Londres, Roma, Berlín y Ginebra.
El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall,expresó su confianza en articular una relación más estrecha con las instituciones europeas y consideró en este sentido que "será necesario" que la UE adopte "criterios más explícitos" para fomentar "el diálogo".
También aseguró que la Generalitat trabajará "en ese sentido para que esto suceda" y esperó un "cambio de actitud" por parte de La Moncloa con el nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez.
