El Tribunal Supremo no ha dudado ni un segundo en condenar a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10 meses de cárcel (5 meses menos de los que le impuso la Audiencia de Palma) por "abusar", entre 2003 y 2007, de su posición social como yerno del Rey Juan Carlos para desviar 619.000 euros de fondos del Gobierno balear con la excusa de organizar un foro sobre turismo y deportes y una oficina de seguimiento del club ciclista Illes Balears.
El alto tribunal rebaja levemente la pena impuesta a Urdangarín el 17 de febrero del año pasado, pero le deja igualmente a la puerta de la cárcel porque, por encima de los cinco años de condena, el Tribunal Constitucional (TC), al que Urdangarín podría recurrir de amparo como última opción para evitar la prisión, no suele decretar la suspensión de condena, aunque admita a trámite el recurso.
En su sentencia, los cinco magistrados de la sección segunda del Supremo tampoco vacilaron en condenar a Diego Torres, antiguo "número dos" del conglomerado societario del Instituto Nóos, a 5 años y 8 meses de cárcel, por apropiarse de fondos públicos y defraudar a Hacienda, sin que el supuesto conocimiento de sus negocios por la Casa del Rey le sirva de inmunidad en los delitos que cometió.
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Torres, al que la Audiencia impuso 8 años y 6 meses, ha visto reducida su pena porque no blanqueó el dinero desviado o defraudado a Hacienda y porque no tenía el poder de influencia y capacidad de presión del cuñado del Rey Felipe VI.
La sentencia del Supremo consta de 353 folios, frente a los 741 folios del fallo de las magistradas mallorquinas Rocío Martín, Samantha Romero y Eleonor Moyà, que el alto tribunal alaba y confirma casi íntegramente.
El expresidente balear y exministro Jaume Matas ve ratificada su pena de tres años y ocho meses de privación de libertad, que forzará su regreso a la cárcel, donde ya cumplió una pena de 9 meses por tráfico de influencias en otra pieza separada del "caso Palma Arena". Matas acumula, con esta, tres condenas.
La sentencia confirma que la infanta Cristina, esposa de Urdangarín y socia de este en la empresa familiar Aizoon, se benefició de parte de los fondos públicos desviados por este. En la misma situación queda Ana María Tejeiro, la mujer de Torres.
Las dos son condenadas como responsables civiles a título lucrativo, figura que corresponde a quien se beneficia del fruto de un delito sin participar en él y sin tener conocimiento del mismo.
El Supremo, no obstante, limita esa responsabilidad civil de las dos cónyuges, porque entiende que no se puede ser responsable a título lucrativo en los delitos cometidos por sus maridos.
Así, la Audiencia de Palma estableció que doña Cristina tenía que devolver 265.088 euros, que ahora quedan reducidos a 136.950 euros; mientras que Ana María Tejeiro, a la que en el primer fallo se le reclamaban 344.934 euros, deberá pagar ahora 172.384 euros. La infanta no recurrió, pero se beneficia del recurso que sí presentó Tejeiro.
Las magistradas que dictaron el fallo de la Audiencia de Palma recibieron ayer la sentencia del Supremo, ya que es a ellas a quienes les corresponde ejecutarla. Tras leer la sentencia, citaron para hoy a los tres principales acusados a fin de hacerles entrega del mandamiento judicial que ordena su ingreso en prisión.
No obstante, su entrada en la cárcel no tiene porqué producirse hoy mismo. En principio, los acusados dispondrán de un plazo de varios días que fijará la sala mallorquina para entrar en un centro penitenciario. Habitualmente, se concede un periodo medio de entre cinco y diez días, aunque también existe la posibilidad de que las magistradas decreten su inmediato ingreso en prisión.
En el mes de febrero de 2017, pocos días después de que la Audiencia mallorquina dictara su sentencia, el tribunal de la sección primera rechazó la petición de la Fiscalía de que Torres y Urdangarín entraran en la cárcel. En esa ocasión, el fallo aún no era firme y había que esperar a la resolución del Supremo.
Ahora, una vez confirmada la sentencia por el alto tribunal, en el plazo que les otorguen antes de ser encarcelados, el cuñado del Rey, su socio y Matas podrían realizar alegaciones para intentar evitar verse entre rejas.
Podrían agarrarse a dos últimos clavos: pedir el indulto y la suspensión de la pena en tanto el Gobierno no se pronunciase -algo casi imposible- o recurrir en amparo ante el TC y pedirle que deje en suspenso la entrada en prisión. Esta última jugada es la que intentó hace poco el rapero mallorquín José Miguel Arenas, "Valtonyc", pero sin éxito.
La Fiscalía Anticorrupción no contempla que se les pueda suspender la condena porque los acusados no cumplen los requisitos que establece la ley para ello.
Durante el periodo que les concedan, los condenados podrán elegir a qué centro penitenciario quieren ir. En su decisión podría influir la cercanía con su familia o la posibilidad de tener un tratamiento más favorable. La elección de Urdangarín, en todo caso, podría estar motivada por un eventual traslado de su mujer, la Infanta Cristina, y sus hijos a la capital de España desde Ginebra, donde actualmente residen.
