Ni el PDeCAT ni ERC están por la labor de participar en la reforma constitucional, de carácter federalizante, propuesta el pasado fin de semana por la titular de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet (PSC). En consecuencia, ninguna de las dos formaciones independentistas se incorporarán a las sesiones de la Comisión de Evaluación del Estado Autonómico, impulsada por el PSOE en el Congreso como antesala de una reforma de la Carta Magna.
Quien con mayor claridad se pronunció ayer fue ERC, cuyo portavoz en el Congreso, Joan Tardà, resaltó que en su partido no se sienten "concernidos", como viene dejando claro desde hace "muchos meses". Para Tardà, la Constitución está "muerta" ya que para poder ser modificada exige unos consensos "extraordinarios", que "siempre" van a depender de la voluntad del PP, el PSOE y Ciudadanos. Las reformas constitucionales requieren una mayoría de dos tercios.
A primera hora de la mañana, su coordinadora general, Marta Pascal, situó la idea "fuera de los parámetros" de lo que desea el soberanismo en Cataluña porque ya está "en otra fase".
La Generalitat acordó ayer, entre tanto, paralizar el proceso de liquidación del Diplocat, embrión de un ministerio de Exteriores impulsado por ese Gobierno autonómico que fue cerrado en aplicación del artículo 155.
Mientras, La Policía Nacional de tuvo director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) y al jefe del gabinete técnico de la consejería de Economía en una operación en la que registró varios edificios de la Generalitat para averiguar si el Gobierno autónomo obtuvo irregularmente el censo del 1-O.
