El PP de Valencia se financió de forma irregular en la época en que el que el partido estuvo liderado por Francisco Camps. Con el desvío de facturas a empresas contratistas de la administración, y que por ello no podían realizar donaciones al partido, financió las campañas de las elecciones locales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Fueron en total más de dos millones de euros encauzados a través de la empresa Orange Market, firma con la que la red Gürtel operaba en Valencia. Estos son los hechos probados que figuran en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la actividad de esta trama que se hizo pública ayer, doce días después de que se conociera la resolución sobre la primera etapa de la Gürtel, que derivó en la salida del PP del Gobierno tras el éxito de la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy.
El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular del PP valenciano (PPCV) en las campañas electorales de 2007 y 2008. Para sobrepasar de forma encubierta los límites de gasto fijados por ley, el partido recurrió a Orange Market, empresa del grupo de Correa, que asumió la organización de actos desviando las facturas correspondientes a una serie de empresarios, que veían compensada su ayuda con contratos posteriores con la administración. El procedimiento altera "el juego limpio electoral", señala el juez.
En una resolución de 137 folios, la Audiencia Nacional impone distintas penas de cárcel a dieciocho de los veinte acusados. La mayor de las condenas recae sobre Álvaro Pérez, "El Bigotes", el hombre de la trama en Valencia: seis años y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales, uno continuado de falsedad, y cinco delitos contra la hacienda pública.
El cabecilla de la red, Francisco Correa, añade más de cinco años de cárcel y acumula ya setenta en tres sentencias por las que se encuentra en prisión. Ricardo Costa, el que fuera secretario general del PPCV cuando Francisco Camps ostentaba la presidencia del partido, está condenado a cuatro años de prisión.
La sentencia deja constancia de las "valiosas" declaraciones de Correa y Costa, que contribuyeron a probar la financiación ilegal del PP en Valencia. El testimonio de ambos, junto a los de Álvaro Pérez y Pablo Crespo, son decisivos para sustentar los hechos probados, por lo que a los cuatro se les aplica atenuantes por confesión y una rebaja de las condenas.
El juez otorga "una notable credibilidad y fiabilidad subjetiva" a la declaración en la que Ricardo Costa implicó al expresidente Camps como instigador de la financiación de las campañas electorales con el desvío de facturas a contratistas de la Generalitat valenciana.
El magistrado apunta que, aunque "objetivamente también es totalmente creíble en cuanto complementa, integra y explica totalmente" otras declaraciones anteriores, faltan elementos para imputar a Camps, pese a que "fue el que insistió en que todo lo hiciera Orange Market y le comentó (a Costa) que eran caros, pero buenos". Vázquez Honrubia deja constancia en la sentencia de "una cierta desazón" ante el testimonio de "El Bigotes", quien también vinculó al expresidente valenciano con la trama y en la vista oral afirmó que en el banquillo de los acusados "no están todos los que son". El juez señala además que aunque Francisco Camps hubiese contribuido a la financiación irregular del PP valenciano, los delitos ya habrían prescrito.
La sentencia resume el mecanismo de financiación irregular del PP valenciano al señalar que "se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos".
El juez Vázquez Honrubia impone a ocho de los nueve empresarios relacionados con la trama penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero que se sustituyen por multas de hasta 154.500 euros. El magistrado les aplica a todos ellos la atenuante de colaboración activa y de haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos, más de un millón de euros en total.
