Carmen Montón Giménez: "Fue una mentira: la exclusión sanitaria es más cara que atender a todo el mundo"

-Ya ha adelantado que quiere devolver la universalidad en la atención sanitaria. ¿Será la reforma del decreto 16/2012 lo primero que hará como ministra?

-Intentaremos que recuperar la universalidad sea el primer objetivo. Es cierto que es complejo, porque es más fácil destruir que volver a restituir. Tenemos que empezar por lo urgente: que el derecho a la salud no tenga ninguna exclusión ni por raza ni por origen ni por situación administrativa. Es una medida en la que tenemos ya puesto el turbo para intentar sacarla lo más pronto posible.

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-Su argumento hasta ahora para pedir la retirada del decreto era que no se ahorraba nada cerrando la puerta a los sin papeles.

-No se ha demostrado, en ningún sitio, que produzca un ahorro económico. Así lo dijo el Tribunal Constitucional. Fue una mentira que se dijo en su día: la exclusión sanitaria es mucho más gravosa económicamente que tener a toda la población atendida de manera universal. Las puertas de urgencias y las hospitalizaciones son más gravosas que una atención primaria. Lo que sí se ha demostrado es que produce un problema en la salud individual y de la comunidad, porque hay cuestiones como las vacunas o las enfermedades de declaración obligatoria que si no tienes la salud para todas las personas, escapan del sistema y perjudican a la comunidad.

-¿Cómo espera que reciban esta decisión el resto de las comunidades?

-Es evidente que todas las comunidades autónomas están de una manera u otra intentando dar atención sanitaria a todas las personas. Esta medida va a ser aplaudida pero, como he estado en el otro lado, entiendo qué es lo que debemos hacer en el Gobierno central en relación a las comunidades autónomas: colaborar con ellas y permitirles que desarrollen la gestión que tienen transferida. En este ministerio tienen un aliado, las puertas abiertas para el diálogo y para buscar soluciones conjuntas. Es evidente que no solucionaremos todo de un día para otro, pero también podemos pactar los tiempos de buscar esas decisiones. Diálogo, diálogo, diálogo y mucho trabajo para sacar adelante este país. Nos ha dado una nueva oportunidad: vamos a intentar que nadie se quede atrás, y para eso necesitamos a las comunidades autónomas.

-En su día propuso modificar la Constitución para reconocer la sanidad como un derecho. ¿Va a mantenerlo?

-Por supuesto, cuando haya un debate serio y abierto. El PSOE lo tiene claro, lleva en su agenda que la salud debe ser un derecho fundamental y debe estar recogido en la Constitución.

-En otro de sus objetivos, retirar el copago farmacéutico, sí habrá quebranto económico. ¿Será asumible para el Estado?

-Creo que el quebranto se produce en la salud de las personas, y esto también debe estar presente en el debate. Cuando se habla de dinero en salud hay que hablar de inversión en salud, no de gasto. Este ministerio no debe olvidar nunca que el propósito es que las personas tengan mejor salud, que es uno de los ejes para tener felicidad en la vida. Con la ministra de Hacienda estableceremos la manera de ir recuperando ese derecho que se perdió en 2012.

-Con el cambio de Gobierno se suspendió el Consejo Interterritorial para negociar la financiación de la sanidad. La semana pasada le urgía, ¿le sigue urgiendo esa reunión?

-Desde luego que es todo urgente, y lo primero que vamos a hacer es hablar con las comunidades autónomas para que el Consejo Interterritorial deje de ser el decorado que es, como muchas veces he dicho. Quiero llevar temas que estén suficientemente maduros para darles luz verde. No pienso hacer perder el tiempo tan valioso de los consejeros viniendo a Madrid y saliendo con las manos vacías.

-¿Temas maduros? ¿Cómo cuáles?

-El primero es el de la universalidad. Hemos luchado por intentar que estuviera en el orden del día sin éxito, siempre había que llevarlo a ruegos y preguntas. Así que este será el comienzo: intentar revertir esa situación de exclusión sanitaria que perjudica claramente la salud de la comunidad y cómo entendemos la democracia. Un Gobierno decente no puede dejar a nadie atrás.

-Como consejera valenciana, lleva tres años reclamando al ministerio el pago a la Comunidad Valenciana de 300 millones por atención a desplazados. Otras comunidades demandan lo mismo. ¿Van a pagarse ahora?

-Las reivindicaciones que se hacían al Gobierno del Partido Popular eran de inacción. Ni siquiera el Fondo de Cohesión estaba activado, y había una deuda que se estaba acumulando. Ahora, lo que tenemos que hacer es activar el ministerio y dedicar trabajo a que la máquina ruede, lo que también hará que rueden mejor las consejerías. Todas las cuestiones están en la agenda, pero empezaremos por lo urgente: la universalidad y recuperación de derechos. Luego seguiremos poniendo la casa en orden.

-Aún hay diferencias de inversión sanitaria entre autonomías. ¿Cómo se van a abordar?

-No hay que mezclar debates. Sí es verdad que, con la idea de la equidad, muchas veces se ha pretendido una recentralización. No debemos olvidar que las comunidades autónomas son las que tienen la gestión transferida y, por tanto, la responsabilidad en la toma de decisiones. El ministerio debe ayudar, pero no interferir en las decisiones que competencialmente corresponden a las autonomías. En esta nueva etapa, el Gobierno de España va a ser totalmente respetuoso con las competencias autonómicas.

-Llega a Madrid con la bandera de ser quien acabó con el modelo Alzira, ¿deben temerla desde el sector privado como ministra?

-En absoluto. Nosotros lo que vamos a desarrollar es una política de total transparencia y de seguir la legislación vigente. Siempre lo he dicho: la sanidad privada debe ser complementaria de la pública, y la pública es la que garantiza los derechos. Ese es el sistema en el que creo y en el que vamos a trabajar.

-Como consejera ha sido muy crítica con la homeopatía. ¿Va a combatirla desde el ministerio?

-Ahora es la oportunidad precisamente de ofrecer mayor seguridad a los pacientes y dejar las cosas claras. La homeopatía no cura, y trabajaremos en esa línea en la que tanto hemos insistido.

-¿Revocará el decreto que se acaba de aprobar y que regula su venta en farmacias?

-Es una pregunta demasiado concreta. Llevo pocos días como ministra, no sé qué camino administrativo vamos a seguir, pero la filosofía está clara: que las personas no pongan en riesgo su salud por una confusión al interpretar que un producto va a curarles. Veremos la manera de dejar bien claro que la homeopatía no está respaldada por la evidencia científica y no cura.

-¿Qué hará con el debate de la eutanasia?

-Sobre la eutanasia, el mensaje es claro: la propiedad de la vida tiene que ver también con el momento que alguien decida morir. La sociedad española es madura y puede hacer un debate sereno, en el que participe todo el mundo y que se permita decidir cuál será el momento final de nuestra vida y que lo hagan amparados por la ley. El debate está abierto en el Congreso. Desde el ministerio vamos a sumarnos a colaborar a que llegue a buen puerto. Ahora es el momento de afrontar cambios, es una oportunidad de cambiar. No tendría lógica seguir la hoja de ruta de un Gobierno anterior.

-La Ley de Dependencia prevé que el ministerio asuma el 50 por ciento del coste, pero las autonomías reciben una media del 18 por ciento.

-Esto es un trabajo que vamos a hacer de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. Además, la compañera [la ministra María Jesús Montero] es una gran cómplice, porque es médica y también consejera, y vamos a buscar una solución conjunta. Evidentemente, no va a poder ser de un día para otro, porque no hay magia, pero sí voluntad política. Vamos a buscar la solución pactada en tiempo y lo haremos desde el Gobierno con toda la voluntad política.