El Gobierno tomó ayer las primeras medidas para aliviar la tensión en Cataluña. El Ejecutivo levantó el control previo a las cuentas de la Generalitat, de forma que el Govern pueda pagar sin supervisión de Hacienda. Una decisión que la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, presentó como un gesto de "normalidad" que se adopta con la "confianza de que funcionará bien".

No fue el único: por la tarde, Pedro Sánchez y el presidente catalán, Joaquim Torra, hablaron por teléfono y acordaron reunirse "muy pronto". Según el Govern, la llamada la hizo Sánchez.

En la rueda de prensa tras la primera reunión del nuevo Gobierno, Celaá había confirmado que el encuentro se celebraría "probablemente" antes del verano. Pero Sánchez, además, habló con casi todos los presidentes autonómicos, entre ellos el vasco, Iñigo Urkullu, y el gallego, Alberto Núñez Feijóo.

La conversación entre Sánchez y Torra, la primera que mantienen, llegó después de que el president y el líder del PSC, Miquel Iceta, se reunieran en Barcelona. El socialista catalán se ofreció a "ayudar" a establecer "vínculos de confianza" entre la Generalitat y la Moncloa, pero sin llegar a atribuirse el papel de mediador. Torra, de su lado, privilegió la necesidad de "rebajar la crispación" y ofreció diálogo "sin condicionantes ni límites".

Celaá dejó claro que Sánchez llevará a la reunión con Torra "la Constitución en una mano y el diálogo en la otra" para destensar la situación. Sin embargo, a preguntas de un medio catalán, la portavoz precisó que el derecho a la autodeterminación es un asunto que queda "absolutamente fuera" del encuentro con el president. De hecho, en declaraciones previas a la reunión del Ejecutivo, la ministra de Administraciones Territoriales, la catalana Meritxell Batet, advirtió que hay "unos límites claros" y el gabinete no "se moverá del marco constitucional y estatutario".

En cuanto al control de las finanzas catalanas, el Gobierno levanta el control previo que hasta ahora ejercía a través de los bancos sobre todas las órdenes de pago cursadas por la Generalitat; es decir, el control que estaba vinculado a la aplicación del artículo 155, que a su vez quedó levantado automáticamente al tomar posesión todos los consejeros del Govern. Sin embargo, Hacienda mantendrá los controles reforzados mensuales que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy en noviembre de 2015, tras el proceso participativo del 9-N, que están ligados al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Pese a ello, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, juzgó un "error" la decisión. Y sentenció: "Dar vía libre y sin supervisión alguna al gasto de la Generalitat solo puede ser interpretado desgraciadamente como un pago por los votos prestados a Sánchez".

De la misma forma, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, acusó al Gobierno de Sánchez de "cumplir las exigencias de los separatistas catalanes". "El Govern reconoce que sigue con su plan ilegal, usa embajadas para propaganda, da 20 millones de euros más a TV3, pone símbolos en las instituciones que excluyen a millones de catalanes y ya tiene su premio".

Con "símbolos que excluyen" Arrimadas se refería a la negativa de Torra a retirar de la fachada del Palacio de la Generalitat una pancarta que pide la excarcelación de los políticos soberanistas presos, motivo por el cual la portavoz de Cs se negó a reunirse ayer con Torra, lo que propició que, en su lugar, los contactos del president empezaran por Iceta.