El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado mantener como investigado al expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra por el presunto perjuicio millonario a través de operaciones inmobiliarias, y archiva la causa respecto a otros ocho exdirectivos, entre ellos Adolf Todó.
En el auto conocido hoy, el magistrado mantiene abiertas las pesquisas respecto a promociones inmobiliarias sospechosas en las que intervino la antigua caja en varios países, entre otros Polonia, al considerar que, de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, "existen indicios de criminalidad" en la participación de Serra y otros cuatro miembros de la antigua cúpula.
Además del que fuera ministro de Defensa, continúan en el caso el ex director general de Catalunya Caixa José María Loza, el ex director general adjunto Lluís Gasull y los exdirectivos Eduardo Aznar y Joan Valls.
Por el contrario, son apartados, al menos de forma provisional, el exvicepresidente de la caja Antonio Llardén, el ex director general Adolf Todó, el exdirectivo Joan Güell,y los antiguos miembros de la comisión ejecutiva Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz, Josep Molins, Montserrat Robusté, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.
La causa investigaba hasta ahora una serie de operaciones efectuadas entre 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).
En su escrito inicial, la Fiscalía Anticorrupción, a instancias del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), distinguía dos periodos, el primero entre 2000 y 2007, cuando se tomaron decisiones de inversión y de adquisición de compromisos "relevantes", y entre 2008 y 2013, momento en el que se hizo patente la imposibilidad de desarrollarlos.
Ahora el titular del juzgado central de Instrucción número 2 apoya su decisión en el último informe elaborado por el Ministerio Público, recogido en el auto, tras el interrogatorio a los investigados.
Para el fiscal, las declaraciones ponen de manifiesto la ausencia de un "auténtico control en la toma de decisiones", de forma que "el director general era quien realmente decidía de facto en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho ni en la comisión ejecutiva ni en el Consejo".
Al respecto, prosigue, "parecen existir notables irregularidades en la aprobación y desarrollo de los proyectos inmobiliarios", en especial por "la ausencia de garantías para recuperar el precio satisfecho en la adquisición de los terrenos (...) o los notorios conflictos de intereses (...)".
De ello, Anticorrupción deduce que el Consejo de Administración de Catalunya Caixa era "una mera figura legal desprovista de todo tipo de eficacia controladora de los cargos directivos de la entidad", motivo por el que "existen dudas sobre el grado de conocimiento que pudieran tener los demás miembros".
Respecto al periodo de 2008 a 2013, el juez Moreno ha archivado la investigación sobre los acuerdos de separación de los socios, al entender que se trata de hechos prescritos.
Cocluye que de las pruebas practicadas no ha quedado lo suficientemente acreditado delito alguno, como ya defendía la Fiscalía, para la que "no puede afirmarse que los administradores actuaran con una clara voluntad de perjudicar a la entidad y beneficiar a terceros cuando tomaron estas decisiones".
