El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sitúa al expresidente catalán Carles Puigdemont en una reunión mantenida en junio de 2013, cuando era alcalde de Gerona, con un empresario imputado en el caso de las mordidas del 3 por ciento de la extinta Convergència (CDC), ahora denominado PDeCAT, para tratar temas de licitaciones públicas.
Así lo refleja el magistrado del alto tribunal en el auto en el que llama a declarar a 23 imputados en esta causa que ahora lleva la Audiencia Nacional, entre ellos el ex director general de la empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals Ángel Sánchez Rubio, que, según el juez, ayudó a poner en marcha una estructura para financiar ilegalmente a CDC a base de donaciones de empresarios, y además recibió dinero de comisiones.
Información privilegiada
Sánchez Rubio habría dado información privilegiada al empresario Josep Manuel Bassols, consejero delegado en Cataluña de la constructora Oproler.
El magistrado de la Audiencia Nacional encuadra los contactos con el expresident en 2013, cuando Sánchez Rubio "ayuda a introducir a la empresa Oproler en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Gerona".
"Así se corrobora en el parte comercial que elabora Bassols el 29 de mayo de 2013", dice De la Mata. El 4 de junio, se celebró la reunión preparatoria de la visita a Gerona en la que participaron Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio.
El objetivo de ese encuentro, según asegura el magistrado basándose en la información incautada, fue preparar un "nuevo pliego y organización de licitaciones".
Un día después, el 5 de junio, tuvo lugar otra comida entre Sánchez Rubio, Carles Puigdemont y el entonces teniente de alcalde de Barcelona, Antoni Vives, que tenía como finalidad "seguir el tema".
