La Policía Nacional arrestó ayer a 30 personas y practicó una veintena de registros, en una macrooperación ordenada por el juez que investiga un desvío de más de dos millones en subvenciones para cooperación internacional de la Diputación de Barcelona, durante la primera etapa de CiU. Según fuentes de la investigación, la mayoría de los detenidos son personas significadas con el "procés".
Sin embargo, desde Sevilla, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que serán los investigadores los que determinen si estos fondos se utilizaron para financiar el proceso independentista.
La operación, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, supuso la detención de Salvador Esteve, que presidió la Diputación de 2011 a 2015, precisamente la etapa que está bajo sospecha por presunto fraude en la concesión de ayudas públicas.
Entre la treintena de detenidos en la macrooperación, que movilizó a unos 500 policías nacionales, figura además el subdirector general de Cooperación Local del Departamento de Gobernación Jordi Castells, a quien el juez atribuye un papel clave en el presunto fraude mientras dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y sospecha que presionó a funcionarios para que emitieran informes favorables a la concesión de las subvenciones investigadas.
Otro de los principales detenidos es Víctor Terradellas, fundador y directivo de las asociaciones CATmon e Igman, dos de las principales entidades que percibieron las ayudas bajo sospecha y de las que es socio fundador Francesc Dalmases, diputado de Junts per Catalunya (JxC).
El juez inició su investigación a raíz de una denuncia anónima mecanografiada que se remitió a los juzgados de Barcelona poco después de que CiU asumiera por primera vez la presidencia de la Diputación de Barcelona, en 2011, y que alertaba de un presunto fraude en la concesión de ayudas procedentes de los fondos para cooperación y desarrollo de la corporación.
La investigación, que llevó a cabo en los últimos dos años la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, destapó una presunta trama que desvió al menos dos millones de euros de subvenciones a entidades y empresas que utilizaban presuntamente facturación falsa para ocultar que los fondos no eran destinados a ningún proyecto de cooperación.
De hecho, los investigadores analizarán la documentación incautada en los registros para averiguar cuál era el destino final de esos fondos desviados, que todavía se ignora, y determinar si era para actividades privadas o "para fines públicos diferentes o ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres", según apunta el juez Aguirre en sus autos.
