La Guardia Civil está interviniendo los bienes de más de cincuenta condenados por acciones terroristas y otras actividades relacionadas con ETA. La operación tiene como objetivo cubrir las deudas que los antiguos etarras contrajeron con el Estado cuando éste hizo frente de forma subsidiaria a las indemnizaciones a sus víctimas fijadas en los procesos judiciales.
Apenas quince días después de que la banda anunciara su disolución, la Guardia Civil, en colaboración con la Audiencia Nacional, desarrolla la operación "Zerga", impuesto en euskera, una denominación que recuerda a uno de los antiguos medios de financiación de la banda. El objetivo es intervenir numerosos bienes muebles e inmuebles propiedad de más de cincuenta personas -diez activistas de la banda y otras cuarenta relacionadas con la violencia callejera- condenadas por diferentes delitos de terrorismo y por acciones de "kale borroka". Todos tienen pendientes deudas contraídas con el Estado por el pago de responsabilidades civiles, cuya cuantía supera los ocho millones de euros. En la lista de personas bienes figuran varios históricos de la banda.
