Los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el diputado de JxC Jordi Sànchez recurrieron ayer ante el Supremo su procesamiento, argumentando que, a diferencia de su caso, nadie ha sido acusado de sedición por las protestas contra "la Manada", en las que el ministro tuvo que salir escoltado.
La defensa de los tres acusados ha recurrido al Supremo el auto del juez Llarena para procesarlos por los delitos de rebelión y malversación, en un escrito en el que defienden que las concentraciones del 1-O o del 20 de septiembre son "actos legítimos de protesta ante actuaciones judiciales".
En ese sentido, el recurso insiste en que no se tiene noticia de que ningún miembro de plataformas antidesahucios haya sido procesado por sedición por las concentraciones para evitar lanzamientos, pese a que "en algunos casos se han producido enfrentamientos con la policía y en ocasiones se ha impedido incluso con éxito la actuación de la comisión judicial".
Por su parte, la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell alegó a su procesamiento por la causa independentista en la que se la investiga por un delito de rebelión, y el letrado concluye que Forcadell es "una persona absolutamente pacifista, y si para perseguir su ideología es precisa la violencia, antes abandonará sus ideas que permitir ningún acto violento", reza el escrito.
Crítica a los jueces
También Oriol Junqueras y Raül Romeva presentaron un recurso de apelación ante la sala segunda del Supremo contra el auto de procesamiento dictado por Llarena.
En el escrito critican las resoluciones del juez al considerar que en sus autos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente y, a juicio de su defensa, "demuestra una valoración política".
En el recurso además se defiende que el proyecto político independentista es legal y legítimo, y que siempre se ha defendido de forma pacífica, y se lamenta que el auto de procesamiento hace un relato "sesgado" del 1-O.
