El juez Pablo Llarena confirmó ayer el procesamiento de Carles Puigdemont y otros 22 imputados en la causa que instruye contra los rectores del "procés". El magistrado rechaza los recursos de reforma presentados por todos los encausados -menos por los exconsejeros prófugos Toni Comín y Meritxel Serret, que no recurrieron- y se abre por primera vez a acusarlos por dos delitos distintos a la rebelión -sedición y conspiración para la rebelión- si el uso de la violencia no pudiera acreditarse.
Además, afirma que los datos que le entregó recientemente el Ministerio de Hacienda coinciden con los indicios de malversación que ya están recogidos en la investigación en los informes elaborados por la Guardia Civil.
El juez reprocha a los imputados que silenciaran parte de las declaraciones hechas por Cristóbal Montoro al diario "El Mundo" sobre el gasto de dinero público en el referéndum del 1-O, en las que el Ministro apuntaba a "la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada".
Violencia
Sobre la violencia, considera que no se muestra como un resultado imprevisto en la movilización impulsada por los investigados, sino que fue "conscientemente asumida y buscada para la ejecución de estos hechos". El juez destaca que la insurrección en la que se insertó esta movilización con expresiones de violencia fue de tal envergadura que dos días después de la votación, el Rey dirigió un mensaje a la nación. Y aduce como prueba del clima reinante tras el 1-O que cerca de 3000 empresas (con un volumen de facturación de 44.000 millones), cambiaron su domicilio a lugares fuera de Cataluña.
Con todo, el juez del Supremo dice que en el caso de que la violencia no pudiera probarse, ello no conduciría al archivo de las actuaciones, ya que los hechos no excluyen la acusación por un delito de sedición ni tampoco de conspiración para la rebelión.
