Los miembros de la Mesa del Parlament en la legislatura que acabó con la intervención de la Generalitat dieron vía libre a la tramitación de las leyes del proceso secesionista convencidos de estar amparados por la inviolabilidad parlamentaria. Así respondieron ayer en el Tribunal Supremo a la comunicación de su procesamiento por desobediencia al Tribunal Constitucional Lluis María Corominas, Lluis Guinó y Anna Simó, integrantes del órgano rector de la Cámara cuando se aprobó la Declaración Unilateral de Independencia. A todo ellos, junto con Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, el juez Pablo Llarena los procesa por una "tenaz y perseverante desatención del requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el Tribunal Constitucional para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias" que pretendían dar cobertura legal al referéndum secesionista.

"Hemos reiterado ante el juez que la Mesa ejecutaba actos de trámite parlamentario y siempre desde el convencimiento de que nos protegía la inmunidad parlamentaria", señaló Lluis Guinó. Además solicitaron que se les levantaran las medidas cautelares impuestas en noviembre y la devolución del pasaporte.

Joan Josep Nuet negó al juez que cometiera desobediencia por considerar que el procedimiento ignora "los mecanismos parlamentarios, que se basan en que los diputados debaten y el Constitucional suspende después, y no antes, de que la norma haya sido debatida por un parlamento, el que sea". Nuet aprobó la tramitación de las leyes del proceso soberanista pero votó contra ellas en el pleno de la Cámara.

Llarena completará hoy las comunicaciones de los procesamientos con los exconsejeros Borrás, Mundó y Vila. El juez considera que también eludieron los requerimientos del tribunal de garantías al aprobar el decreto que regulaba la convocatoria del referéndum. Además, en su auto de procesamiento, señala que estos consejeros autorizaron a sus departamentos las acciones y contrataciones necesarias para hacer posible la celebración de la consulta ilegal, así como la disposición de fondos públicos destinados para otros fines.