Un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboró un atestado sobre el funcionamiento de las ayudas de los ERE declaró ayer que el sistema "era conocido" por el Consejo de Gobierno andaluz.
El investigador testificó en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
El agente ratificó que la Junta concedía las ayudas con una "total falta de procedimiento desde el punto de vista administrativo" sin solicitud, publicidad ni norma reguladora y otorgadas por el director de trabajo cuando el competente era el consejero. Todo ello considera que "era conocido" por el Consejo de Gobierno porque así lo manifestaron el ex interventor general Manuel Gómez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y porque los informes del interventor señalando las deficiencias del sistema usado iban dirigidos a los consejeros.
