Cristóbal Montoro admite ahora que la Generalitat pudo "falsear" algunas facturas relacionadas con los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre e, incluso, que el Ministerio de Hacienda que él dirige pudo incurrir en "imperfecciones" en el control de las cuentas de la administración catalana. "Esto es lo que se está investigando ahora", soltó ayer desde la tribuna del Congreso, en el segundo día del debate de totalidad del proyecto de Presupuestos para este año.

El líder de Cs, Albert Rivera, había pedido a Montoro que explicara por qué estaba tan seguro hace una semana de que en el 1-O no se había gastado ni un euro de dinero público. Más gráfico aún, Rivera preguntó al ministro: "¿Qué está pasando en ese agujero negro del (artículo) 155?", porque los independentistas están usando sus palabras para negar el delito de malversación.

Por toda respuesta, Montoro pidió a Rivera que "no confunda a nadie" y le rogó que leyera la entrevista en la que negó que se gastaran fondos públicos en la consulta, y no sólo los titulares: "¿Dónde digo yo que no hay falseamiento de facturas? Digo lo contrario, que puede haber falseamiento de facturas", arguyó. Y se comprometió a no hacer ya "ninguna entrevista más" en lo que le reste de vida política, lo que levantó carcajadas.

"Digo que puede haber falseamiento de facturas, claro que puede haberlo, ¿quién ha dicho que no?", puntualizó al tiempo que le recordó que no conoce cómo funciona un procedimiento administrativo porque nunca ha estado a cargo de ninguna administración.

Y se defendió, porque los secesionistas podrían haber tenido "cientos de millones de euros en sus manos y nos los tuvieron" gracias a la acción del Estado, y si han falsificado facturas, "deberán responder de ellas".

De otro lado, un informe de la Guardia Civil que maneja el juez de instrucción de Barcelona que investiga la organización del 1-O recoge la concesión de un préstamo de 3 millones a Unipost, la empresa contratada para repartir el material electoral del 1-O, que fue escriturado un año antes, en octubre de 2016, pero cuya autorización data de mucho antes, marzo de 2015, cuando Artur Mas presidía el Govern.