La Guardia Civil estima ahora en 1,9 millones de euros el dinero procedente de fondos públicos que la Generalitat supuestamente malversó para organizar y celebrar el referéndum ilegal del 1-O. En los autos de procesamiento que dictó en marzo, el juez instructor, Pablo Llarena, había cifrado la cantidad malversada en 1,6 millones. El nuevo monto se conoce tras haber levantado el magistrado del Supremo el secreto de sumario que pesaba sobre una pieza separada centrada en la malversación de la que acusa a los rectores del "procés".

Llarena hizo público el contenido de la pieza horas después de apremiar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a concretar en qué "soporte objetivo" se basa para afirmar que el 1-O no se gastó dinero público. A esta providencia del juez contestó poco después el Ministerio en un comunicado en el que valora "positivamente" la petición del instructor, porque le da la oportunidad de aportar al Supremo todos los detalles del control presupuestario al que somete a la Generalitat, que hasta ahora -revela- no se le habían solicitado.

El informe del instituto armado desglosa los gastos del referéndum pagados presuntamente con fondos del Govern: cerca de 980.000 euros destinados al gasto de los servicios postales de Unipost, otros 61.879 para carteles de publicidad, 192.368 para la contratación de observadores internacionales, 152.578 para material electoral y 40.227 para informática, entre otros.

Y además hace constar la sospecha de que el Grupo de Junts pel Sí (JxS) pudo pagar con las subvenciones públicas que recibía el acto de presentación del referéndum celebrado el 4 de julio en el Teatro Nacional de Cataluña, que costó 17.690 euros.

Aparte, los agentes cifran el dinero supuestamente malversado por la Generalitat para pagar observadores internacionales en 167.065 euros, si bien hasta el momento solo puede demostrar el abono de 119.700. La Guardia Civil reconoce que no sabe si se abonó un compromiso de pago por valor de 47.365 euros.

Los investigadores creen, asimismo, que el Govern que presidía Carles Puigdemont utilizó a Òmnium Cultural como "sociedad interpuesta" para la distribución de carteles de publicidad que llamaban a participar en la consulta ilegal, que costaron un total de 61.879.

En el plano político, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió que alguien deberá dimitir en el Gobierno si finalmente se demuestra que se usó dinero público para financiar el 1-O, dado que eso significaría que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "mintieron" al negar en el Congreso que tal hubiera ocurrido.

Rivera ve "muy preocupante" la discrepancia entre las "fuentes de prueba" que maneja el juez Llarena y la afirmación de Montoro. "En este momento, lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón, la Guardia Civil o Montoro, y yo tengo mi opinión. Creo que la Guardia Civil ha recabado información, el juez está pidiendo información y Montoro y Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante".

Le respondió la diputada del PP Susana López Ares, quien reprochó a Ciudadanos y a su líder que "miren al lado equivocado" al solicitar la comparecencia de Montoro en el Congreso, en vez de "atacar" a los independentistas. El PSOE rechazó respaldar la comparecencia del Ministro que reclama el partido de Rivera.