El Tribunal Constitucional (TC) dio ayer la razón al Congreso en el conflicto de atribuciones que el Gobierno presentó ante la corte de garantías en desacuerdo con la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de levantar el veto presupuestario impuesto por el Ejecutivo para impedir que se paralizase el calendario de implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
La decisión del TC abona el terreno para que los partidos de la oposición puedan recurrir las decenas de vetos impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que está en minoría en el Congreso, arguyendo que las iniciativas del resto de los grupos se desvían del Presupuesto.
El conflicto fue planteado en enero de 2017 por el Ejecutivo cuando la Mesa no aceptó el veto del Gobierno, que argumentó que la Constitución le permite vetar cualquier proposición legislativa que altere las previsiones de gastos o ingresos de los presupuestos y que el Congreso había ignorado sus atribuciones.
Tras admitir que "esta es la primera ocasión en la que debe abordarse la interpretación del artículo 134 de la Constitución" en el marco de un conflicto entre órganos constitucionales, la corte descarta una "interpretación extensiva" de ese precepto, que fue el esgrimido por el Gobierno en su conflicto.
