El presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), aplazó ayer sin fecha el pleno de investidura de Jordi Sànchez, convocado para hoy, después de que el juez Pablo Llarena del Supremo denegase al candidato, "número dos" de la lista de Junts per Catalunya (JxC), el permiso para salir de la cárcel de Soto del Real y personarse en la Cámara y también su petición de comparecer por videoconferencia.

Torrent acusó al magistrado instructor de "vulnerar los derechos" de Sànchez y anunció la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlament, a las 10.30 horas de hoy, para "dar respuesta" a la decisión del juez y plantea una querella de la Cámara por prevaricación.

Horas antes de que Llarena se pronunciara sobre las peticiones de Sànchez, Torrent había advertido que prohibir al diputado encarcelado tomar parte en el pleno convocado para su investidura "chocaría con la legalidad internacional".

Torrent piensa que la investidura de Sànchez está amparada por un escrito en el que dos de los dieciocho miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU llamaban a España a adoptar "las medidas necesarias para garantizar" que pueda "ejercer sus derechos políticos".

Sin embargo, en su auto de ayer, Llarena explica que los dictámenes y recomendaciones del Comité no son vinculantes y que, en todo caso, cuando se producen, el Estado cuestionado dispone de un plazo de seis meses para explicarse.

Por lo demás, el magistrado vuelve a rechazar la excarcelación o la concesión de un permiso penitenciario a Sànchez porque persiste el riesgo de reiteración delictiva y teme que, además, "su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto del orden constitucional".

Así, considera "plenamente justificado" no dejar a Sànchez tomar parte en el pleno porque hay una "marcada probabilidad" de que la reiteración delictiva "sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula".

Por otra parte, el tribunal de Edimburgo que analiza la euroorden presentada para obtener la entrega de la exconsejera Clara Ponsatí ha convocado a las partes para una serie de vistas que arrancarán el 30 de julio y durarán dos semanas, según su abogado, Aamer Anwar, por lo que la decisión no llegará antes de agosto.