La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein solicita a España más datos sobre el presunto delito de malversación de Puigdemont para pronunciarse sobre su extradición.
La euroorden, apuntan los jueces alemanes, "no contiene una descripción suficiente de las circunstancias en las que se produjo el delito". La petición de entrega expone "claramente" que el acusado "fue corresponsable (al menos políticamente) de la generación de los costes del referéndum por 1,6 millones de euros", pese a que "el gobierno regional no debía usar recursos presupuestarios para ese fin" por expresa prohibición previa del Tribunal Constitucional. Con la solicitud de datos complementarios se intenta determinar si el Estado "cargó realmente con esos costes". La documentación ya enviada puede inducir a pensar que, tras el cese del Gobierno catalán, esas cantidades no se abonaron o no se cubrieron con fondos públicos y se saldaron con "donaciones privadas", como alega el expresident catalán.
La resolución descarta que Puigdemont sea, como sostiene, perseguido por motivos políticos. "No hay indicios de que los delitos que las autoridades españolas imputan al acusado incluyan cargos con el propósito de detenerlo por motivos políticos", apuntan los jueces.
El Gobierno alemán trató de zanjar la polémica suscitada por la ministra de Justicia, la socialdemócrata Katarina Barley, quien considera "absolutamente correcto" que se descartara el cargo de rebelión contra el expresidente. Fue un "malentendido", explicó la propia Barley a su homólogo español, Rafael Catalá. Fuentes periodísticas citada por Efe aseguran que el comentario surgió en una conversación confidencial de la ministra con medios alemanes.
En el ámbito político catalán, el presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó ayer para el próximo viernes el pleno para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Sànchez. Torrent advierte al Tribunal Supremo que si no autoriza al diputado de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real, a acudir a la Cámara el Estado estará "incumpliendo sus obligaciones internacionales". "La concesión de las medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implica una obligación" para "todos los poderes del Estado" e impone que se le autorice a ir al pleno. Tal resolución no existe, sostienen la oposición catalana y el Gobierno central, porque el citado Comité se limitó a tramitar una petición de amparo de Sànchez.
