La candidatura del Jordi Sànchez a la presidencia de la Generalitat es un desafío al Tribunal Supremo y al juez Pablo Llarena. Así lo plantea el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien tras proponer a Sànchez, preso en Soto del Real, como aspirante a la investidura considera que el alto tribunal "debe decidir si respeta la legalidad internacional" o escribe "una página oscura" de la historia. Torrent alude a un supuestos pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU que reclamaría "permitir" la investidura de Sànchez. Para el Gobierno central, ese pronunciamiento no existe, el citado comité sólo admitió a trámite la petición del que fuera presidente de ANC y sus derechos políticos están bajo la tutela del juez Llarena.

La ANC entiende que la propuesta del que fuera su líder como candidato a president sirve como estrategia para "denunciar la vulneración de derechos fundamentales", pero pidió ayer en un comunicado investir al expresidente Puigdemont porque considera que está "reforzado" por su puesta en libertad por los jueces en Alemania y es quien "internacionaliza" el proceso soberanista.