"Exijo la liberación inmediata de todos mis compañeros encarcelados en España". En inglés, tras unas palabras de agradecimiento en alemán, esa fue la primera declaración de Carles Puigdemont ayer a las puertas de la prisión alemana de Neumünster. El juez Llarena, instructor de la causa contra el proceso soberanista, estudia cuestionar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de la Audiencia Territorial de Schlewig-Holstein que impide juzgar al expresidente de la Generalitat por rebelión en España. El magistrado del Supremo considera que los jueces alemanes entraron a juzgar el fondo del asunto cuando por el protocolo de la euroorden de captura y entrega deben limitarse a determinar si en Alemania están tipificados como delitos las actuaciones por las que se le reclama en España.
Tras doce días en la cárcel, después de que ANC y Òmnium Cultural depositaran los 75.000 euros de su fianza, cerca de las dos de la tarde Puigdemont recuperó su libertad. Con aspecto relajado y traje gris, el expresidente no satisfizo del todo la gran expectación creada a las puertas de la cárcel y se limitó a un breve pronunciamiento. "Exijo la liberación inmediata de todos mis compañeros encarcelados en España", dijo en un momento de su intervención. Manifestó su confianza en una "democracia europea, basada en los principios de separación de poderes, paz y derechos humanos", algo que "está en peligro en España". Puigdemont reclamó "más poder para las regiones" y consideró que "ha llegado el momento del diálogo", algo que "nosotros llevamos reclamando durante años", para recibir solo "respuestas represivas y violentas". Después puso rumbo a Berlín, donde hoy dará un rueda de prensa.
El expresidente catalán tendrá que comparecer cada semana en la comisaría de policía de la ciudad donde resida y no puede abandonar Alemania, donde prosigue el proceso judicial para su entrega a España. En caso de extradición sólo podría ser juzgado por el delito de malversación, cargo que su abogado alemán se mostraba ayer confiado en que la Audiencia Territorial rechazara también.
Pese a la celebración de victoria con que el soberanismo acogió la libertad de expresidente, la resolución de los jueces alemanes echa por tierra uno de los alegatos principales de Puigdemont contra su procesamiento: la de que es perseguido por una causa política. La Audiencia de Schlewig-Holstein considera que a Puigdemont se le reclama por "delitos concretos" y no por "sus convicciones políticas". A eso se acogía ayer, tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, para quien los jueces alemanes dejan constancia de que Puigdemont no es un perseguido político, sino "un prófugo de la justicia incurso en una causa penal".
Puigdemont tuvo un comportamiento violento pero no en grado suficiente para imputarle un delito de rebelión, por lo que el Tribunal germano considera "inadmisible" su entrega a España por esa acusación. "Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el día de la votación (el 1-O) se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebración del referéndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y el efecto de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presión tal que lo obligase a capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia", señalan los jueces para explicar su decisión.
A la vista de esa resolución, el juez Llarena busca la manera de mantener íntegras las acusaciones contra el expresidente de la Generalitat. Uno de los primeros pasos que prepara es plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se encarga de unificar la jurisprudencia entre distintos países comunitarios.
Cómo intrepretar las normas
El magistrado del Supremo trataría a aclarar cómo deben interpretarse las normas que regulan las órdenes internacionales de detención en la UE, una forma de cuestionar la decisión de los jueces alemanes. Esta vía podría derivar en una suspensión de la euroorden de entrega, con lo que Puigdemont quedaría con la misma libertad de movimientos de que gozaba en Bélgica. La Fiscalía General estudia recurrir al mismo procedimiento por entender que los jueces alemanes se excedieron en sus atribuciones.
