La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decidido procesar al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero por un doble delito de sedición y pertenencia a banda criminal por el asedio a la Consejería de Economía y por su actuación durante la jornada del referéndum independentista. El procesamiento se hace extensivo a toda la cúpula política de la policía autonómica e incluye, con los mismos cargos, al exdirector del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig, el "segundo" del exconsejero Joaquim Forn, para los que el delito de sedición se reduce a uno vinculado al 1-O.
El auto de procesamiento dictado por la magistrada de la Audiencia Nacional, como paso previo a la apertura de juicio, encausa también por sedición a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, por los hechos ocurridos el 20 de septiembre, durante el cerco a la Consejería de Economía mientras una comisión judicial registraba la sede del departamento del que entonces era titular el vicepresidente Oriol Junqueras.Todos los procesados están sometidos a medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado.
La jueza considera que los cuatro procesados incurrieron en un delito de sedición, penado con hasta 15 años de cárcel, y descarta "el elemento de la violencia" en el asedio del 20 de septiembre y el 1-O, donde una "masa de personas" se concentró "de forma tumultuosa". La ausencia de ese requisito impide calificar los posibles delitos como rebelión, figura con la que las penas ascienden a entre 15 y 25 años. La calificación de Lamela contrasta con la del juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera, quien instruye la causa por el desafío soberanista y en su auto de procesamiento de 13 de los imputados aprecia que existió violencia tanto en el cerco a la Consejería de Economía como en la jornada del referéndum, por lo que les atribuye un delito de rebelión.
En su auto, Lamela expone que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña", Carles Puigdemont. El objetivo de dicha organización era celebrar la consulta soberanista y declarar la independencia. A lo largo de 37 páginas, la jueza relata que los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir "el plan estratégico hacia la independencia", siguiendo una pauta anunciada por los responsables políticos, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, ahora en prisión, Soler y Puig. Entiende por ello Lamela que estos dos últimos y Trapero formaban parte de una "organización criminal".
Hubo, según la jueza, un plan de la cúpula de los Mossos que propició la "total inactividad" de sus agentes, encubierta "bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad".
Ejército catalán
En el mismo auto, la magistrada Lamela remite a los juzgados de Barcelona un informe policial para que estudien si existe base para investigar al jefe de los Agentes Rurales, un especialista en seguridad que trabajó en los Mossos d'Esquadra y planteó la creación de un ejército catalán.
