El independentismo recuperó ayer la unidad perdida el pasado jueves en el Parlament, cuando la abstención de la CUP impidió que Jordi Turull fuera investido president horas antes de ingresar en prisión. Esta vez los cuatro diputados "cuperos" votaron con los 33 de Junts per Catalunya (JxC) y los 31 de ERC para reivindicar el derecho de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y el propio Turull, los tres encarcelados, a someterse a un debate de investidura.
No obstante, tanto la recuperación de la unidad como el Pleno en sí son meramente simbólicos. Lo primero, porque el portavoz de la CUP, Carles Riera, quiso ir más allá de la propuesta de resolución para reivindicar a los tres candidatos y pidió investir "ya" a Puigdemont para "hacer república y volver al camino de la dignidad nacional". Y no dudó en culpar al presidente del Parlament, Roger Torrent, de que el preso de Neumünster no ostente el cargo: "Puigdemont sería presidente si la misma Presidencia (de la Cámara) no hubiera acatado las prohibiciones ilegítimas".
Pese a sus encendidas soflamas de los últimos días, Torrent volvió a dar muestras de que no desea enfrentarse a los jueces, y la Mesa de la Cámara aplazó su decisión sobre la delegación de voto solicitada minutos antes por Puigdemont, maniobra de JxC que ERC y el propio Torrent desconocían y ante la que Cs pidió que los letrados del Parlament emitieran un informe.
Propuestas
La propuesta de resolución de los tres grupos independentistas también exige la liberación de todos los políticos encarcelados. La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, puso el grito en el cielo: "Pretenden decidir en el Parlament quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Decidir quién tiene que entrar en la cárcel?".
Arrimadas defendió una propuesta de su grupo en la que se pedía la dimisión de Torrent por ejercer su cargo "de manera arbitraria y tendenciosa" a favor de los partidos independentistas. Cs solo obtuvo el apoyo del PPC.
El Parlament también rechazó una propuesta de resolución del PSC para que la Cámara condenara "los actos vandálicos o violentos" y los ataques a sedes de partidos y acoso a políticos. Su líder, Miquel Iceta, abogó por un Govern "de concentración".
