El diputado de JxC en el Parlamento catalán Jordi Sànchez, encarcelado, prevé mantener su escaño por el momento y se ha mostrado dispuesto -si se lo requiriesen- a optar de nuevo a la investidura como presidente de la Generalitat, que no pudo llegar siquiera a debatirse en pleno al no ser autorizada por el juez su salida de prisión a esos efectos. Sànchez se apoya en una declaración en la que el Comité de Derechos Humanos de la ONU constató el pasado viernes la necesidad de que España garantice sus derechos políticos.
La defensa del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) envió ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena -instructor de la causa por rebelión contra la cúpula soberanista- un escrito en el que le traslada la declaración del comité de la ONU. Los defensores de Sànchez piden a Llarena que, si vuelve a ser candidato, le ponga en libertad para que pueda acudir a la investidura.
