El abogado defensor de Iñaki Urdangarín agotó ayer en el Tribunal Supremo el último intento de que el marido de la Infanta Cristina ingrese en prisión para cumplir condena por el "caso Nóos". A través del Instituto de ese nombre, el cuñado del Rey y su socio Diego Torres se lucraron con fondos públicos, según sentenció en febrero del año pasado la Audiencia de Palma. La Fiscalía pide ampliar a diez años los seis de condena a Urdangarín, a quien considera, junto con Torres, "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos con Nóos como instrumento.

Mario Pascual Bravo, abogado del marido de la Infanta, pidió a los cinco magistrados de la sala de casación del Supremo, "fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarín, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y determinados medios de comunicación". El defensor expuso que si existiera influencia de la Casa Real en los contratos suscritos por la fundación con la administración balear no podría considerarse delito y sería "impune por atípica".

Urdangarín fue condenado a seis años de prisión, siete años de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un total de seis delitos: prevaricación, falsedad en documento público, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos contra la Hacienda Pública. El abogado del exduque insistió en la anulación de la condena alegando que su cliente nunca se ocupó de los asuntos contables, financieros ni fiscales del Instituto Nóos,

La condena a Urdangarín es muy inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, al absolverlo el tribunal de Palma de otros delitos, como blanqueo de capitales y estafa. Ante el Supremo, el Ministerio Público volvió ayer a solicitar la ampliación de la condena. La fiscal Ángeles Garrido pidió la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas a Urdangarín y Torres, a quienes considera "motor de toda la secuencia" delictiva que constata la sentencia de febrero del año pasado. La Fiscalía del Supremo aprecia una "omisión absoluta de un procedimiento administrativo" en todos los acuerdos de Nóos con el Gobierno autonómico balear, además de que se hicieron "tres contratos falsos" cuyos gastos no se justificaron "en nada". Entre otros convenios, Nóos, que se suponía una entidad sin ánimo de lucro, acordó con el Instituto Balear de Turismo la celebración de Illes Balears Forum en 2005 y 2006, por los que cobró unos 2 millones de euros. "En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", apuntó la fiscal ante la sala de casación.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado coincidieron en pedir un nuevo cálculo del daño patrimonial causado por Urdangarín y su socio.

Tras la vista de ayer, los cinco magistrados se tomarán un mes para deliberar. Dependiendo de su resolución, el exduque de Palma podría verse abocado a ingresar en prisión. Tras la sentencia de la Audiencia de Palma, los jueces autorizaron al marido de Cristina de Borbón a seguir viviendo con su familia en Ginebra por considerar que no existe riesgo de fuga.

Tras la decisión del Supremo, a Urdangarín le quedará todavía la opción de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que no impediría su ingreso en la cárcel dependiendo de la condena que se le imponga. En el caso de que el Supremo revisara su pena y la fijara por debajo de cinco años, el Constitucional podría tomar como medida cautelar la suspensión de la sentencia, a la espera de dictaminarse si se vulneraron sus derechos.