Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid y presunto cabecilla de la trama Púnica, aportó ayer al juez facturas que acreditarían la financiación encubierta de las campañas electorales de Esperanza Aguirre para la presidencia de la comunidad en 2007 y 2011.
Granados compareció por tercera vez ante al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga al que fuera consejero con Aguirre por su vinculación con la Púnica. La novedad de su testimonio fue esta vez la aportación de facturas que probarían la "campaña paralela" de Aguirre, cubierta con el desvío de cargos a la administración autonómica. Granados llevó facturas presuntamente falsas a la que hizo frente la Consejería de Justicia en la época en que Alfredo Prada, su antecesor, estuvo al frente. Guardaba las facturas en su casa y, aseguró en la declaración, no se percató hasta hace poco de que estaban emitidas por conceptos falsos para encubrir los gastos de publicidad de campañas electorales. Granados reiteró al juez que esos pagos al margen de las cuentas oficiales del partido eran controlados de forma directa por Esperanza Aguirre y por su sucesor en la presidencia madrileña, Ignacio González. En ese círculo "de control" estaría también la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.
Además, resaltó que la mala relación entre Aguirre y Mariano Rajoy, hizo que el contacto entre la formación a nivel nacional y la regional fuera inexistente por lo que es muy probable que Rajoy desconociera las presuntas irregularidades.
