Junts per Catalunya (JxC) y ERC intentan ganarse a la CUP con un programa de actuación para toda la legislatura que incluye dos grandes objetivos: desarrollar un proceso constituyente para "hacer república" y celebrar una "multiconsulta", dos de las exigencias de los anticapitalistas, sin los cuales el soberanismo no tiene votos suficientes para sacar adelante una investidura.

El acuerdo de JxC y ERC establece dos escenarios de actuación, un Govern en Barcelona y el denominado "espacio libre en el exilio", una estructura paralela que pilotaría Carles Puigdemont y en la que descansaría la tarea de desarrollar el debate del proceso constituyente, para así descargar al Ejecutivo de posibles encontronazos con la justicia.

El documento contesta a las principales demandas de la CUP, pero JxC y ERC no se pillan los dedos. Obviamente la oferta de "multiconsulta" responde al "multirreferéndum" que exigían los "cuperos", pero donde éstos reclamaban que el proceso constituyente se iniciara de inmediato y concluyera en 2019, los firmantes del acuerdo sólo dicen que se desarrollará a lo largo de la legislatura y no dan una fecha orientativa para el plebiscito.

Y tampoco hacen referencias explícitas a la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre; sólo reconocen su deuda con el referéndum ilegal del 1-O y los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Hablan de "hacer república", pero no apelan la vía unilateral que motivó la activación del artículo 155 y la intervención de la Administración catalana.

Eso sí, la "multiconsulta" se celebraría "con todas las garantías para que participen la mayoría de catalanes" y se expresen acerca de todos los debates realizados en el proceso constituyente, que se desarrollarían en el "espacio libre en el exilio".

Tres órganos

Esta estructura paralela, sin validez jurídica alguna, constaría -como ya se sabía- de tres órganos: la asamblea de representantes para la república, el consejo de la república y la presidencia del consejo, que ya se establece que ostentaría Puigdemont.

La asamblea (el legislativo en el "exilio") promoverá "las actuaciones necesarias para avanzar hacia el establecimiento de la república", se reunirá al menos dos veces al año y elegirá al presidente del consejo. Éste deberá "impulsar las políticas, estrategias y consensos necesarios para conseguir la república", y deberá nombrar a los miembros del consejo (un govern en el "exilio"), que asesorará a Puigdemont y rendirá cuentas ante la asamblea.

Entre tanto, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha escrito al juez Pablo Llarena para que permita a Jordi Sànchez salir de prisión y asistir al Pleno de investidura previsto para el lunes. Cs, en cambio, ha pedido ya su desconvocatoria alegando: "Todos sabemos que este pleno no se va a celebrar". La razón es que Llarena ha dado a las acusaciones un plazo para pronunciarse que concluye el mismo lunes. La Fiscalía contestará probablemente hoy, pero Vox agotará el plazo.