El Tribunal Constitucional (TC) se escuda en la candidatura de Jordi Sànchez a la investidura en Cataluña -oficializada ayer- para evitar pronunciarse sobre la constitucionalidad de la de Carles Puigdemont, tal como le solicitó el Gobierno a fines de enero.
El pleno de la corte de garantías debía decidir ayer si admitía el recurso del Gobierno contra la designación de Puigdemont como candidato, recurso que recibió un informe desfavorable del Consejo de Estado. Sin embargo, en vez de entrar en el asunto, el TC acuerda dar plazo tanto al Ejecutivo de Mariano Rajoy como al Parlament y al resto de las partes personadas -entre las que se encuentra el propio Puigdemont y el Grupo de Junts per Catalunya (JxC)- para que se pronuncien sobre la eventual pérdida de objeto del procedimiento, informa "Europa Press".
Esta pérdida de objeto sería fruto de la publicación, ayer en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña, de sendas resoluciones por las que Torrent deja sin efecto las que fueron recurridas en su día por la Abogacía del Estado y fija el pleno de investidura de Sànchez para el próximo lunes.
A pesar de que no decide sobre el recurso del Gobierno, el Tribunal Constitucional mantiene las medidas cautelares dictadas el pasado 27 de enero, que prohíben una investidura telemática o por delegación, y exigen que el candidato que se someta al escrutinio del Parlament obtenga antes el permiso del juez Llarena para presentarse ante la Cámara.
Sànchez ya ha pedido al magistrado del Supremo que le deje en libertad provisional y, si no, que al menos le permita asistir al pleno el día 12.
En cambio, la corte de garantías sí admite el recurso de amparo presentado por el PSC argumentando que el bloqueo de la legislatura vulnera los derechos de sus 17 diputados en el Parlament.
El TC considera que el recurso cumple con el requisito legal de la especial trascendencia constitucional, y estudiará si una situación similar en las próximas semanas vulnera el derecho fundamental de los diputados de cumplir con su función legislativa.
