El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta andaluza Francisco Javier Guerrero, se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar en el juicio por los presuntos ERE fraudulentos y no ha ratificado sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la juez instructora que comenzó a investigar los hechos, Mercedes Alaya, alegando que cuando las hizo tenía una "tremenda presión mediática y de la policía" para que declarara.

Pasadas las 10,30 horas de este lunes ha comenzado la séptima sesión de la vista oral con el interrogatorio a los imputados, siendo el primero el ex director general de la Junta, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, expresando del mismo modo que no va a contestar a ninguna pregunta del Ministerio Fiscal y las acusaciones del PP-A y Manos Limpias, de forma que sólo contestará a las que le realice su abogado, Fernando de Pablo.

A continuación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala dar lectura a las declaraciones prestadas por Francisco Javier Guerrero ante la Policía y Guardia Civil y en fase de instrucción en el marco de la investigación abierta por los expedientes de regulación de empleo irregulares. El tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha accedido a esta petición.

Tras la lectura de la primera declaración, realizada en marzo de 2011 ante la Policía, De Pablo ha cuestionado a su cliente si ratificaba la misma, a lo que Guerrero ha afirmado que "no", alegando que cuando la hizo "tenía una presión tremenda mediática y de la policía para que declarara". "No la voy a ratificar", ha reiterado, añadiendo que la declaración leída "no recoge exactamente lo que dijo textualmente" en algunas cuestiones.

Igualmente ha alegado los mismos motivos para no ratificar la primera declaración realizada ante la Guardia Civil el 26 de enero de 2012 y la segunda el 21 de febrero del mismo años tras ser preguntado por su abogado una vez que ha concluido la lectura por parte del tribunal.

Los mismos argumentos "de presión" ha expuesto Guerrero para no ratificar la declaración prestada -su lectura no ha concluido este lunes- en calidad de imputado el 7 de marzo del mismo año ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que inició la investigación sobre una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos ERE financiados con cargo a la partida 31L, así como su destino general.

En este sentido, cabe recordar que la primera comparecencia de Guerrero ante la Guardia Civil versó sobre las "ayudas a empresas" libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, conocida como 'fondo de reptiles' a cuenta de la expresión usada por el propio Guerrero para describir el destino de las partidas.

En ese sentido, dijo que nunca adoptó "decisiones personales" para otorgar estas subvenciones, pues eran "codecisiones compartidas". Además, defendió que "daba cumplimiento a un mandato" dirigido a consolidar "la paz social" solucionando las situaciones de "personas, empresas y territorios en crisis".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al respecto de la segunda declaración, concluyó que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, "jugó un papel esencial" en las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte. Guerrero también se refirió entonces al diputado socialista en la pasada legislatura Ramón Díaz y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Además, fue preguntado por los 900.000 euros en ayudas concedidos a dos empresas de su exchófer, Juan Francisco Trujillo.