El Tribunal Constitucional (TC) reconoce en su auto, en el que deja sin resolver la admisión o no a trámite del recurso del Gobierno contra la investidura de Puigdemont, que "no existe precedente alguno en relación con el supuesto en que, no siendo posible adoptar de modo inmediato la decisión sobre la admisión o inadmisión de la impugnación, se aprecien, a juicio del Tribunal, razones de urgencia para adoptar la medida solicitada por el Gobierno". El Tribunal justifica su decisión por la necesidad de impedir los daños que podrían derivarse de una investidura en ausencia del expresidente catalán. Entiende el TC que "puede decidir la suspensión de los actos o disposiciones recurridas antes de acordar la admisión a trámite de la impugnación si considera necesario adoptar esta medida con el fin de evitar que, mientras se tome esta decisión, la eficacia de los actos impugnados cause los daños que el Gobierno a través de la suspensión pretende evitar". Por ello opta por fijar "por razones de urgencia excepcional, como medida cautelar" las condiciones en las que debe desarrollarse el pleno de investidura convocado para hoy. A la espera del pronunciamiento sobre la admisión o no a trámite del recurso y "utilizando como argumento la certeza de que la investidura no tendrá carácter presencial" el órgano arbitral acuerda "suspender cualquier sesión de investidura que no sea presencial". La sesión debe ajustarse a las siguientes condiciones: "No podrá celebrarse la investidura a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario"; Puigdemont no podrá ser investido "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión"; los diputados huidos a Bruselas "no podrán delegar el voto en otros parlamentarios". Tres de ellos renunciaron ya al acta de parlamentarios para que corra la lista y garantizar la elección de un candidato independentista

El pleno del Constitucional se reunirá hoy para estudiar las alegaciones de JxCAT contra unas medidas cautelares que considera "nulas de pleno derecho".