El juez ha suspendido hasta el viernes el juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV dentro del caso Gürtel después de que el exsecretario de Organización del PP de Galicia y el responsable de Orange Market, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes', hayan anunciado que pensaban aportar datos relevantes a la causa.
La tercera sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación ilegal del PP en la Comunitat Valenciana ha comenzado este miércoles con mucho movimiento.
Los abogados de los dos acusados que, junto al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, permanecen en prisión, Pablo Crepo y Álvaro Pérez 'El bigotes' no han dejado de ir y venir a los calabozos y a la sala de vistas para lograr la suspensión del juicio con la intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Este cambio se produce después de que ayer Francisco Correa, el exvicesecretario del PP Ricardo Costa como la persona que les indicó que si querían cobrar los trabajos que hacían al PP tenían que facturarlos a empresarios de la Comunidad.
Los abogados de Crespo y 'El Bigotes' han solicitado esta medida de suspensión de acuerdo al artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de la vista oral "cuando revelaciones o retractaciones inesperadas produzcan alteraciones sustanciales en los juicios, haciendo necesarios nuevos elementos de prueba o alguna sumaria instrucción suplementaria".
El juez ha atendido a esta petición y ha suspendido el juicio hasta el viernes, que se reanudará con la declaración de Crespo -para el que piden 22 años de prisión-- y que continuará con la de 'El Bigotes' --que se enfrenta a 27 años de cárcel-. Antes de tomar esta decisión el magistrado ha preguntado a Durán que concretase si este interés de interrumpir temporalmente, al menos 48 horas, la celebración del juicio tiene relación a la declaración de Correa.
El defensor del considerado 'número dos' de la Gürtel lo ha corroborado y se ha disculpado por no haberse expresado con "tanta fortuna". "Es publico y notorio y no se escapa al entendimiento de nadie", ha subrayado Durán.
Asimismo, el abogado de Crespo ha confirmado al juez que su cliente aportaría elementos o hechos relevantes para la causa. En estos términos se ha pronunciado el abogado de 'El Bigotes', adhiriéndose a lo manifestado por su colega y ninguna de las partes presentes en este juicio se ha opuesto a que la sesión previstas para este miércoles y jueves sean suspendidas.
Indicaciones del PP
Correa afirmó este martes durante su declaración que el PP de la Comunidad Valenciana, y concretamente el exsecretario general del partido regional, Ricardo Costa, el que indicaba a Orange Market, empresa vinculada a la trama Gürtel, los empresarios a los que debían facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 si "querían cobrar".
En esta línea, en un escrito dirigido al magistrado unos días antes de que comenzase la vista oral, el líder de la Gürtel reconoció que el PP liderado entonces por Francisco Camps pagó a Orange Market en negro y con facturas falsas los servicios prestados para la organización de las campañas electorales de 2007 y 2008.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía el PP pagó a esta empresa un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. Sobre los gastos electorales, se precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.
Durán ha recordado que su defendido está en "situación de prisión preventiva" y que le gustaría tener un margen de tiempo para poder estudiar la confesión del líder de la Gürtel junto a él "para ver si la línea de estrategia de defensa puede ser la misma o experimentar variación".
Si Crespo y 'El Bigotes' finalmente acceden a hacer una confesión durante su declaraciones, siguiendo la estrategia de colaboración con la Justicia con Correa, la Fiscalía Anticorrupción podría atender a una rebaja de su solicitud inicial de pena. Al inicio del juicio, la fiscal Myriam Segura anunció que si se corroboraba que el líder de la Gürtel --que se enfrenta a 22 años de prisión-- reconoce todos los hechos, estaría abierta a atenuar su solicitud de condena.
