Carme Forcadell no será presidenta del Parlament de Cataluña en la XII legislatura, que comienza el miércoles de la próxima semana con la elección de la Mesa de la Cámara. Forcadell, protagonista de los pasos parlamentarios claves en el proceso independentista, ahora en libertad bajo fianza, declina seguir al frente del Parlament por considerar que ese cometido debe asumirlo una persona libre de causas judiciales. La todavía presidenta anunció ayer sus intenciones, el mismo día en que el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se retractaron ante el juez del Supremo Pablo Llarena de todo lo que fue su argumentario para justificar la consulta del 1-O en un intento de conseguir la salida de la cárcel.

El secesionismo se encuentra en pleno repliegue por efecto de las acciones judiciales contra sus líderes. Lo que se anticipaba con la dimisión del expresidente Artur Mas y la renuncia del exconsejero Carles Mundó a su acta de diputado se confirmó ayer cuando Forcadell despejó las dudas en torno a su continuidad en el cometido institucional que asume ERC en su reparto de papeles con JxCat. "El nuevo momento político requiere de una figura libre, sobre todo de procesos judiciales", argumenta Forcadell para explicar un paso atrás que no supone, según sus palabras, un abandono de la vida política puesto que seguirá siendo diputada, pero que la aleja del núcleo caliente del soberanismo y del peligro de que sus iniciativas puedan suponer la revocación de su libertad bajo fianza. Forcadell deja tras de sí una legislatura de "alto voltaje político y con una fuerte polarización". Esa es su propia definición de un tiempo político que alcanzó su momento culminante con la consulta ilegal de octubre y acabó desbaratado por la intervención del autogobierno. Fue la legislatura breve e intensa que ella inició con un discurso que cerró con un "¡Viva la república catalana!". Desde la oposición, la labor de Forcadell merece otro juicio, que podría sintetizarse en la frase de despedida que le dedicó Eva Granados, la portavoz del PSC en la Cámara catalana: "Tanta paz tengas como descanso dejas".

Ernest Maragall, antiguo consejero de Educación, exmilitante socialista ahora en ERC y hermano del que fuera alcalde Barcelona y presidente de la Generalitat, se perfila como sustituto de Carmen Forcadell en la presidencia del Parlament.

Mientras la todavía presidenta de la Cámara anunciaba su renuncia a seguir ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena declaraban a petición propia tres de los encarcelados por su liderazgo en el proceso soberanista. Joaquim Forn, en la prisión de Estremera desde hace más de dos meses, y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, encerrados en Soto del Real desde hace más de tres meses, reconocieron ante el magistrado la ilegalidad del referéndum independentista del 1 de octubre y asumieron que tanto en la jornada del referéndum como el 20 de septiembre, día de los registros judiciales en sedes de la Generalitat, hubo actos violentos.

El exconsejero de Interior y el presidente de Ómnium Cultural se comprometieron a respetar el cauce constitucional en cualquier inicia política, algo que no hizo con tanta contundencia el líder de ANC, quien sí afirmó que renunciará su acta de diputado si de nuevo se abre la vía unilateral de la independencia. Forn negó que los Mossos a sus órdenes desoyeran las instrucciones judiciales y asegura que no volverá a ser consejero. Cuixart, el único de los tres imputados que no concurrió a la elecciones del 21-D, porque asegura que no le interesa participar en política, reconoció que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre fue simbólica y asume que el único referéndum válido sobre Cataluña será el que convoque el Gobierno de España. El juez se pronunciará en los próximos días sobre la situación de los tres investigados, una vez que formalicen sus solicitudes de excarcelación.