El Tribunal de Cuentas ha llamado a replantearse los pagos que se efectúan a los partidos para ayudarles a pagar sus gastos de seguridad. Estos pagos se hacen desde 2002 y se fijaron para proteger a los políticos, en particular a los concejales vascos, amenazados por ETA. La llamada se incluye en las recomendaciones que hace el Tribunal en su último informe de fiscalización de los partidos y sus fundaciones, correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015. Se trata de subvenciones finalistas, que los partidos deben justificar aportando documentación sobre el gasto realizado, pero en los últimos años son frecuentes los casos en los que el Tribunal de Cuentas señala que esos justificantes no han llegado e insta a los partidos a devolverlas.

El importe sufragado para gastos de seguridad a los partidos ascendió a 2,7 millones en cada uno de los dos ejercicios auditados, un dinero que se les sigue entregando pese a que ETA no actúa desde 2011, año en el que anunció el final de sus atentados.

El importe de los gastos de seguridad abonados al PP ascendió a 1.296.741 euros en 2014 y a 1.258.397 euros en 2015. En cuanto al PSOE, estas cantidades fueron de 719.778 euros en el primer ejercicio y de 715.045 en el segundo, a las que hay que sumar 107.743 euros pagados al PSC en 2014 y 104.557 euros entregados el año siguiente. Las subvenciones a IU ascendieron a 123.945 euros y 120.280 euros; las abonadas a la extinta CiU fueron de 120.133 en 2014 y 116.581 al año siguiente, mientras que a UPyD le correspondieron 101.689 euros y 98.682 euros, respectivamente,

El Tribunal ha detectado remanentes pendientes de aplicación por este concepto por parte de 13 formaciones políticas, tanto estatales como autonómicas. El mayor corresponde al PP, con 48.366 euros en 2015, seguido del BNG, con 13.659 euros en 2015 y 4.417 en 2014, y de Amaiur, con 12.147 euros en 2014 y 3.998 al año siguiente. El remanente de Ciudadanos alcanzó 10.600 euros en 2015 y el de Podemos, 9.000 euros ese mismo año. Las cantidades son inferiores en los demás partidos (Chunta, EUiA, EH-Bildu, Foro, Geroa Bai, Nueva Canarias, PAR y UPN). Según el Tribunal de Cuentas, todos estos remanentes deben ser reintegrados.