El Ministerio del Interior, en el marco de una reunión del pacto antiyihadista, lanzó ayer una batería de 11 medidas que incluyen la creación de un registro documental de las personas físicas o jurídicas que alquilan viviendas de uso turístico o vehículos y una mejora del control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, con especial atención para que el "tráfico ilícito no financie actividades terroristas".
La intención del ministro Juan Ignacio Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica aprobación de leyes orgánicas o transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o para "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".
A la reunión acudieron representantes de PP, PSOE, Cs, UPN, UPyD y Podemos, este último en calidad de observador. Los también observadores ERC, PNV y PDeCAT rechazaron asistir y Foro Asturias y CC excusaron su asistencia.
Interior hizo gestiones de última ahora para que participaran tanto Podemos como el resto de los partidos no firmantes, desoyendo las peticiones de veto de PP y Cs, partidarios de excluir del foro a las formaciones que asisten como observadores.
En la reunión se analizaron un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, José Luis Olivera, sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, y una instrucción en materia de seguridad del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
El Ejecutivo también contempla un "reforzamiento" de algunas medidas de la ley de Seguridad Ciudadana o del Registro de Entidades Religiosas.
