Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sientan desde ayer en el banquillo de los acusados junto a otros veinte antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía por la forma de concesión de ayudas laborales durante diez años. Todos ellos se enfrentan a peticiones de entre dos y diez años de cárcel por las acusaciones que leyeron ayer en la Audiencia de Sevilla el fiscal y la acusación popular, que ejerce el PP. El proceso tiene fuertes implicaciones políticas por la imputaciones contra quienes fueran además ministros y presidentes del PSOE y por la sospecha de que esas ayudas sirvieron como mecanismo clientelar a los socialistas andaluces.

Las cifras del caso de los ERE de Andalucía dan idea de la magnitud del proceso. La que, en medio de una gran expectación mediática, comenzó a juzgarse ayer después de siete años de instrucción se conoce como la "pieza política" de la macrocausa y es la primera que se somete a un tribunal. Sobre los veintidós presuntos responsables pesan las acusaciones de prevaricación, malversación y asociación ilícita por promover o mantener un "procedimiento específico" por el que entre 2001 y 2011 se repartieron 854 millones de euros en ayudas públicas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control". La forma de reparto propició que parte de ellos, que la Fiscalía cifra en 741 millones, acabara de forma fraudulenta en manos de "entidades y personas que no reunían los criterios" y "en cuantía improcedente".

El presidente del tribunal, Juan Antonio de la Calle, abrió la vista oral dando paso a la lectura de los 44 folios del escrito de la Fiscalía Anticorrupción, en el que se piden entre 6 y 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para 15 acusados, entre ellos Griñán, por prevaricación y malversación y 10 años de inhabilitación a siete, entre los que figura Chaves, sobre los que sólo pesa la imputación de un delito de prevaricación. Los letrados del PP, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, quisieron que se leyeran los 107 folios de su acusación, lo que provocó el malestar de los acusados y sus defensas. El PP imputa a los 22 procesados de un tercer delito, el de asociación ilícita, por el que pide dos años de cárcel. Los populares sostienen que quienes se sientan en el banquillo forman parte de una "conspiración" que usó las ayudas para tejer una "red clientelar".

Los abogados de la defensa solicitarán que en la sesión de hoy se lean sus escritos. Con ello se posterga la exposición de las cuestiones previas, que podrían aplazarse a la sesión de mañana, cuando la vista se suspenderá y no volverá a reanudarse hasta el 9 de enero.