Puigdemont deberá declarar en Bruselas el día 17

Serán citados para declarar ante la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que deberá decidir sobre el "fondo" de las órdenes europeas de detención y entrega emitidas contra esta cinco personad por la Audiencia Nacional.

Este domingo un juez de instrucción examinó la "forma" de la petición de las autoridades españolas para confirmar que se ajustaba a derecho y decretó "libertad con medidas cautelares" para Puigdemont y sus exconsejeros mientras se resuelve el caso.

Por otra parte, el abogado Jaume Alonso Cuevillas, que defiende al presidente de la Generalitat cesado en la causa por el referéndum del 1 de octubre, participará también en la defensa del presidente catalán ante la justicia belga.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado este lunes que el ordenamiento jurídico belga "lo permite", por lo que asistirá al letrado Paul Bekaert -abogado de Puigdemont en Bélgica- mientras la justicia belga decide sobre la petición de la jueza Carmen Lamela.

Ha celebrado que el juez belga que tomó declaración a Puigdemont y a cuatro de sus consejeros cesados el domingo los pusiera en libertad con medidas cautelares, ya que la cárcel "aquí o allá tiene que ser una medida absolutamente excepcional", ha asegurado.

Alonso Cuevillas, que es también abogado de los consejeros cesados Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí, ha descartado que exista riesgo de fuga de los miembros del Govern cesado que se encuentran en Bélgica porque supondría "estar 20 años, con las penas que piden y hasta que prescriba el delito, en la clandestinidad".

El abogado de los consellers cesados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa, Andreu van den Eynde, ha defendido en la misma entrevista que la puesta en libertad de Puigdemont y los consellers cesados que se encuentran en Bruselas "demuestra que, aunque los estándares de Derechos Humanos son los mismos -en España que en Bélgica-, a la práctica esto no sucede así".

Van den Eynde ha afirmado que el ingreso en prisión de parte del Govern cesado es "una estrategia" para dar miedo al independentismo, y ha criticado que haya cuatro juzgados --el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un juzgado de instrucción de Barcelona-- que están investigando los mismos hechos, ha dicho.

Puigdemont podrá hacer campaña desde Bruselas

Mientras, el expresidente Carles Puigdemont podrá participar en la campaña electoral de las elecciones del próximo 21 de diciembre desde Bruselas, después de que el juez que ha dictado libertad con condiciones para él y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bélgica no incluyera ninguna restricción "política ni mediática".

"No hay condiciones fijadas por el juez ni en lo político ni en lo mediático, al no ser elementos que condicionen el posible riesgo de fuga", han explicado fuentes judiciales.

Ello permitirá a Puigdemont mantener contacto con la prensa y participar en actos políticos de cara a las elecciones autonómicas fijadas tras al activación del artículo 155 de la Constitución para frenar la declaración unilateral de independencia en Cataluña.

En una reciente entrevista a la cadena belga RTBF, Puigdemont se mostró "dispuesto a ser candidato" incluso desde el extranjero y abogó por una lista unitaria de todos los partidos independentistas.

El juez de instrucción que tomó declaración el domingo durante una hora a cada una de las cinco personas requeridas por España concluyó cerca de la medianoche que no existía un riesgo de fuga que justificara su ingreso en prisión.

Junqueras y tres exconsejeros alegan ante la juez una "indefensión evidente"

Por otra parte, el vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros tres exconsejeros del Govern han alegado en un recurso ante la Audiencia Nacional que sufren "una situación de indefensión evidente", con su encarcelación desde el pasado jueves, en dos prisiones de Madrid.

En su recurso de reforma, presentado ante la magistrada Carmen Lamela y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de estos cuatro investigados -de Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa- reclama que se inadmita la querella de la Fiscalía que dio origen a la causa.

El abogado está plenamente convencido de la inexistencia de responsabilidad penal: "Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia", sostiene en su escrito.

Dice que no puede tolerarse lo que considera una "deriva reinterpretativa que se está adueñando tanto de las acciones presentadas por el Ministerio Fiscal como de las resoluciones judiciales que las apoyan", porque cree que se están haciendo interpretaciones extensivas de la ley en perjuicio de los investigados.

El recurso presentado impugna la querella en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.

Reitera su oposición a que la Audiencia Nacional pueda investigar delitos de sedición y rebelión y aluden a un auto de la misma Audiencia de diciembre de 2008 que determinaba su incompetencia: "Es un precedente conocido incluso a nivel ciudadano, más allá incluso de la órbita de los juristas".

"Que la literalidad de la ley es contraria a la competencia para instruir de la Audiencia Nacional es evidente y seguramente por ello el auto impugnado tiene que dedicar cinco páginas a explicar por qué asume la competencia", lamenta en su escrito.

En cuanto a la tramitación del procedimiento, el recurso recuerda que hay distintas causas abiertas por el proceso independentista repartidos en varios juzgados de forma paralela, "perjudicando con todo ello a los investigados y a sus posibilidades de defensa eficaz".

Escenario "desolador para la defensa"

"El escenario es desolador para la defensa: múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles", dice la defensa, que recuerda que un juzgado de instrucción de Barcelona y el Tribunal Supremo investigan también supuestos delitos de sedición y rebelión por el proceso independentista.

Sobre la responsabilidad civil impuesta --6,2 millones de euros para todo el Govern cesado, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont--, el abogado lamenta que se haya pedido incluso antes de haber citado a los investigados y sin estar presente el letrado.

Insiste en que la jueza "no explicita ningún argumento basado en razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil", y lo ve una forma indirecta de sustentar la concurrencia de un supuesto delito de malversación.

Ante esto, el letrado considera que "lo correcto hubiera sido determinar la existencia de indicios de uso irregular de fondos públicos para, entonces, analizar la convivencia de la fianza" y, por todo ello, pide inadmitir la querella o subsidiariamente se remita al órgano judicial competente para su investigación y se revoque la decisión de requerir a los investigados la fianza.