El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, citó ayer el acuerdo sobre el cupo vasco alcanzado en julio entre el Gobierno y el Ejecutivo autónomo de Vitoria como un ejemplo que explica con "claridad" que el Estado de las autonomías funciona y que desde el respeto al ordenamiento jurídico "es posible impulsar y fortalecer las instituciones, la financiación y el autogobierno".

La frase, que puede ser entendida como un guiño a Cataluña, que lleva tiempo reclamando un concierto económico como los del País Vasco y Navarra, fue pronunciada por el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo. En ella, Montoro informó de que el Gobierno ha acordado remitir a las Cortes el proyecto de nueva ley del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 y el proyecto de ley de modificación del concierto económico. Ambas leyes, afirmó Montoro, entrarán en vigor el próximo 1 de enero.

Si bien el paso dado por el Gobierno ya estaba comprometido, tras el pacto de julio, que fijaba en 1.300 millones el cupo vasco para 2017, la novedad reside en que la remisión a las Cortes llega en un momento en el que el Ejecutivo buscar reanudar las negociaciones de los presupuestos de 2018, para cuya aprobación necesita el apoyo del PNV, al que la crisis catalana ha vuelto esquivo.

Los datos del paro relativos al mes de octubre, conocidos ayer, han confirmado que la crisis política ya está afectando a la economía catalana. Esa comunidad autónoma lidera el incremento del número de desempleados, con 14.698 de los 56.844 registrados en el periodo, esto es, un 25,8% del total. Cataluña es seguida por Andalucía (12.971 nuevos desempleados). El alza del paro en octubre en toda España representa un crecimiento del 1,67% sobre septiembre y coloca el número de inscritos en los servicios públicos de empleo en 3.467.026. En Cataluña el crecimiento intermensual ha sido del 3,67%.

El turismo está siendo uno de los sectores más afectados por la inestabilidad generada por la insurrección independentista. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, informó ayer de que el impacto de la intentona secesionista ha sido superior al de los atentados de agosto.

Millo desgranó los datos de una encuesta semanal impulsada por el ministerio de Energía y Turismo, en la que un 56,9% de los hoteles consultados afirma verse afectado por la crisis política, frente al 48% de la semana posterior a los atentados. La ocupación hotelera en Barcelona entre el 23 y el 29 de octubre se situó en un 83,4%, con ligera baja sobre la semana anterior (84%). Los niveles habituales en esta época eran del 90%. Las cancelaciones registradas en las últimas semanas han alcanzado el diez por ciento.