La jueza Carmen Lamela ordena la detención del expresident en Bélgica y su ingreso en prisión

A petición de la Fiscalía, Lamela emitió ayer sendas órdenes europeas de detención y entrega, además de órdenes de busca y captura nacional e internacional contra Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). Todos ellos están acusado de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. La jueza no solo reclama su detención, sino también su ingreso en prisión.

En las órdenes, dirigidas a las autoridades judiciales de Bélgica, Lamela hace constar que los reclamados impulsaron los llamamientos directos o indirectos, a través de las entidades soberanistas, a la movilización popular o ciudadana "como medio intimidatorio y violento" para conseguir "el fin secesionista de manera coactiva". Lamela acusa a Puigdemont y los suyos de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación para Cataluña. El auto destaca que para lograr sus fines "promovieron y utilizaron fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento constitucional español y diversas resoluciones del Tribunal Constitucional".

Desde Bruselas, el expresidente de la Generalitat aclaraba ayer su situación: "No he huido, pero es imposible prepararse bien (para la defensa)". En declaraciones a una televisión belga, Puigdemont asegura que "no estoy aquí para pedir asilo político, sino para defender a un Gobierno (...) y para tener la libertad de expresarme". Añade que está dispuesto a comparecer pero "ante la verdadera Justicia (de Bélgica), no ante la Justicia española".

La situación de los encarcelados por su relación con el proceso secesionista no sufrió ayer variaciones después de que la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional rechazase la puesta en libertad de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, confirmando la prisión provisional dictada por la jueza Lamela el pasado 16 de octubre. En las vistas celebradas ayer para tratar sus recursos de prisión y también el de competencia, el fiscal pidió que ambos dirigentes independentistas siguieran en la cárcel, mientras las defensas alegaron un cambio de las circunstancias políticas como resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para los abogados de Sànchez y Cuixart, "el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso", y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho "seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva". Miles de personas -8.000 de ellas en Barcelona, según la Guardia Urbana- se concentraron ayer en las plazas de ayuntamientos catalanes para exigir la libertad de los exconsellers encarcelados y la de "los Jordis". La plaza Sant Jaume de Barcelona se llenó de banderas esteladas, pancartas con los lemas "Libertad presos políticos" y "Os queremos en casa" y gritos como "No estáis solos", "Vergüenza de Europa", "Es dictadura, no es justicia", "Puigdemont es nuestro presidente", "Huelga general" o "Libertad".

En Galicia, varios centenares de personas se movilizaron en las siete grandes ciudades para exigir la liberación de los encarcelados. Las movilizaciones, convocadas "por la democracia y la libertad" por la Plataforma Galiza con Catalunya, dieron comienzo sobre las 20.00 horas en la farola de Urzáiz (Vigo), la plaza del Toural (Santiago), frente a la Subdelegación del Gobierno (A Coruña, Ourense y Lugo), en la plaza Amada García (Ferrol) y en la Peregrina (Pontevedra).