El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont confirmó ayer que no acudirá está mañana a la Audiencia Nacional, donde ha sido citado por la juez Carmen Lamela para declarar en relación con la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra él y sus 13 exconsejeros por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La incomparecencia podría mover a Lamela a enviar una orden europea de detención a la justicia belga para una futura extradición a España de Puigdemont, que la impugnaría de inmediato.
Aunque el expresidente no lo hizo explícito, su abogado, Paul Bekaert, propuso que la declaración se haga desde Bruselas por videoconferencia. Fuentes jurídicas citadas por el diario "La Vanguardia" informaron de que la Fiscalía se opondrá a la opción de que Puigdemont declare por videoconferencia.
La actitud de Puigdemont será secundada por los cuatro exconsejeros que, se supone, permanecen con él en Bruselas: Meritxell Borràs (Gobernación); Antoni Comín (Salud); Clara Ponsatí (Enseñanza) y Meritxell Serret (Agricultura). Otros dos, Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo), que también le habían acompañado en su rueda de prensa del martes, regresaron ese día por la noche a Barcelona.
El exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho exconsejeros sí se presentarán, por el contrario, al requerimiento de la magistrada, a la que previsiblemente la Fiscalía pedirá que les imponga prisión preventiva como medida cautelar. Esta divergencia de actitudes fue explicada anoche por Puigdemont en un comunicado en el que se presenta como presidente del "Gobierno legítimo de Cataluña", y donde denuncia "un juicio político" que "solo busca castigar ideas".
En el texto, Puigdemont asegura que "en ningún caso los consejeros y el presidente que se quedan en Bruselas contemplan eludir la justicia, sino que justamente la reclaman, y responderán a las citaciones (...) de acuerdo con los mecanismos que ya están previstos en la UE para estas circunstancias".
Según Puigdemont, quienes se quedan en Bruselas lo hacen "para denunciar ante la comunidad internacional este juicio político y para emplazar muy especialmente a Europa a afrontar una solución dialogada al conflicto".
En cambio, quienes acuden a declarar a Madrid, añade Puigdemont, lo hacen "como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas".
ERC, el partido del exvicepresidente Junqueras, anunció a través del eurodiputado Josep Maria Terricabras que Puigdemont se quedará "una temporada" en Bruselas. "Seguro que no serán dos o tres días, será algo más", dijo.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se opuso, por su parte, en un tuit al encarcelamiento de los querellados. Colau abogó por "confrontar la irresponsabilidad" del Gobierno de Junts pel Sí "en las urnas con argumentos".
