Carles Puigdemont reapareció ayer en Bruselas para aclarar que no pretende pedir asilo político, aunque tampoco piensa regresar a España y afrontar sus responsabilidades penales hasta obtener "garantías" de que será objeto de un "juicio justo". Puigdemont y los 13 consejeros de su destituido Govern afrontan una querella de la Fiscalía General por rebelión, sedición y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de cárcel, y han sido citados a declarar entre mañana y el viernes en la Audiencia Nacional.
El expresident compareció en un centro de prensa bruselense en compañía de 6 de sus exconsejeros, dos de los cuales, Joaquim Forn y Dolors Bassa, regresaron anoche a Barcelona. Y lo hizo con ánimo de buscar la atención de los medios extranjeros -no aceptó contestar preguntas en castellano- para denunciar la "politización de la justicia española" y su "falta de imparcialidad", unas afirmaciones por las que el PSC le acusó de ejercer un "victimismo sin fronteras".
Algunos medios españoles protestaron también al término de la rueda de prensa por no haber recibido la palabra en el turno de preguntas, en el que sí pudieron preguntar BBC, Sky News, Euronews, TV3 y una televisión local belga.
Puigdemont tuvo que acceder a la sala ayudado por los miembros del dispositivo de seguridad ante la falta de espacio físico, y de hecho tuvieron que abrir un pasillo para que pudiera llegar hasta el lugar dotado de micrófonos y previsto para su intervención.
Puigdemont puso especial empeño en aclarar que está en Bruselas -donde, según su entorno, tiene previsto quedarse "unos días"- no porque sea la capital de Bélgica, sino porque es la ciudad que alberga "las instituciones europeas". Y porque la de Cataluña, arengó, "es una causa en torno a los valores en los que se basa Europa: la democracia, la libertad, la libre expresión, el acogimiento y la no violencia".
Y empezó el pliego de cargos contra el Gobierno de Mariano Rajoy y el Estado español. "Nos quieren meter en prisión 30 años (...) Esto va a acabar con la idea de Europa y es un error enorme que todos vamos a pagar muy caro", advirtió el expresidente de la Generalitat, quien, consciente de la situación en que ha quedado el proceso soberanista impulsado los últimos cinco años tras la intervención del Gobierno y su huida para eludir la acción de la justicia, auguró que "al pueblo de Cataluña le queda un largo viaje que recorrer por delante".
Puigdemont negó la mayor. Pese a que en Barcelona la administración catalana está acatando las medidas del 155, no dio por destituido a su Govern, ni él mismo se considera cesado. Todo lo contrario, una parte del gabinete "trabaja" en Barcelona y otra "desde aquí". Y él puede seguir realizando "perfectamente" las labores de president desde la capital belga.
"Nunca abandonaremos el Gobierno y vamos a seguir trabajando", prometió.
Sin embargo, para evitar que la "ofensiva altamente agresiva y sin precedentes contra el pueblo de Cataluña" alterara la convivencia y la "seguridad" en Cataluña -cuando la justicia procediera a su detención-, consideró que lo mejor era salir de España y defenderse desde la capital comunitaria.
También se refirió a las elecciones del 21 de diciembre. Las acepta, pese a que han sido convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero se preguntó si el PP hará otro tanto y acatará los "resultados mayoritarios de las fuerzas independentistas", caso de que vencieran en las urnas.
El viceprimer ministro belga, Kris Peeters, se desmarcó de la presencia del expresidente catalán y consideró que cuando un líder llama a la independencia "más vale que se quede cerca de su pueblo". El primer ministro, Charles Michel, aseguró que está "en contacto diplomático regular" con el Gobierno español y que Puigdemont no está en el país "por iniciativa" del Gobierno.
La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, calificó de "victimismo sin fronteras" y "llena de incongruencias y falsedades" la comparecencia del expresidente Carles Puigdemont.
"Es un insulto a la inteligencia de los catalanes. Muchos de los que son independentistas no entienden cómo el primero que abandona el barco es el responsable de habernos llevado hasta aquí", denunció Granados.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, le pidió que deje de hacer el "botarate", porque está "arrastrando" el nombre de Cataluña por la comunidad internacional, en la que no tiene "ningún" apoyo. Hernando aún propinó otro epíteto a su intervención: "Peripatética".
La CUP aprobó lo dicho y hecho por Puigdemont, que se justifica por "el contexto de represión" y por la "vulneración masiva de derechos humanos" en Cataluña. No obstante, su compañera Mireia Boya admitió que, con su rueda de prensa en Bruselas, el expresident reconoce que "la república no se podía hacer efectiva".
El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, atribuyó a una "situación excepcional" la decisión del expresidente de la Generalitat de irse a Bélgica, pero negó saber ni una palabra de sus planes para hacerlo.
