El anuncio de las medidas de la intervención del Gobierno en Cataluña tuvo ayer una respuesta unánime entre el independentismo: "Es un golpe de Estado". En ello abundó el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un mensaje institucional ante lo que denominó "el peor ataque a las instituciones" democráticas de Cataluña desde los tiempos de Franco.

Además de la respuesta política e institucional, la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Barcelona -unas 450.000 personas, según estimación de la Guardia Urbana- para pedir la libertad de "los Jordis", los líderes de las entidades ANC y Òmnium Cultural encarcelados por un presunto delito de sedición, amplificó la contestación a la decisión del Ejecutivo de Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Al término de la marcha, encabezada por Puigdemont y sus consejeros, quedó el mensaje de los convocantes de que "ningún gobierno puede suspender la soberanía popular" de Cataluña, porque "las instituciones somos nosotros". El grito de "No pasarán" cerró la protesta.

Desde el expresidente Artur Mas hasta el vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, la expresión dominante entre el independentismo fue ayer la de "golpe de Estado" para referirse a la intención del Gobierno de Rajoy de deponer a Puigdemont y a todo su Ejecutivo y recortar las facultades del Parlament al amparo de la intervención prevista en la Carta Magna. Otras voces de fuera del núcleo soberanista, como la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticaron también una decisión del Consejo de Ministros "inaudita y que lo cambia todo". Colau pidió a los socialistas que reflexionen sobre su apoyo a Rajoy por esta medida, con la amenaza de romper el pacto de gobierno con el PSOE que le proporciona una precaria mayoría en el Ayuntamiento de Barcelona.

A las nueve de la noche, el presidente Puigdemont lanzó un mensaje institucional en el que advierte que "sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere nombrar un directorio para que teledirija desde Madrid la vida de Cataluña". Con ello, el Gobierno "ha emprendido el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat".

"La Generalitat no es una institución que nazca con la Constitución española actual", señaló el líder del Govern en clave histórica, y "no es la primera vez que, también con el concurso del Rey, las instituciones catalanas reciben un golpe por parte del Estado español con tal de rebajarlas, reorientarlas o directamente suprimirlas".

Las medidas del Ejecutivo solo buscan "la humillación de los catalanes", apuntó Puigdemont, quien, en castellano, lanzó una advertencia a los "demócratas españoles" porque "abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte". El presidente, que no aludió a la posible reactivación de la declaración de independencia, pedirá la convocatoria de un pleno del Parlament, ya previsto para la próxima semana, para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno catalán.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que el presidente Rajoy "ha traspasado todos los límites" con el anuncio de un "golpe de Estado de facto" al aprobar unas medidas al amparo del artículo de 155 de la Constitución con las que "caen en la más flagrante inconstitucionalidad" y que "no permitiremos". En una declaración institucional en la Cámara catalana, Forcadell apuntó que a las medidas acordadas en el Consejo de Ministros "no les acompañan ni la legalidad, ni la legitimidad política", ni cuentan "con el apoyo de una mayoría de los catalanes". La respuesta del Gobierno es una "enorme irresponsabilidad política", según Forcadell, quien garantizó que "no daremos ni un paso atrás" y se comprometió a "defender la soberanía del Parlament" ante "el ataque más grave a las instituciones catalanas".