El Govern de Carles Puigdemont ha acordado el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, para librarlo de la multa impuesta por el Tribunal Constitucional (TC).
El TC ha multado con 12.000 euros diarios a Jové y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña encargados del seguimiento del 1-O, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.
El Govern ha tomado la decisión en una reunión de gobierno extraordinario celebrada esta mañana a las 9.45 horas, en la que ha aprobado un decreto con un único artículo, en el que se comunica el cese de Jové, a quien se le agradecen los "servicios prestados" y su "lealtad", ha explicado el conseller de la Presidencia, Jordi Turull.
El también portavoz del Gobierno regional ha lamentado que el TC "ordenaba ayer al señor Jové una serie de acciones cuando él está detenido y es imposible que las haga".
"Básicamente lo que le pide es 'o te autoinculpas o multa cada día de miles de euros", lo que Turull ha tachado de despropósito absoluto, y por eso le han cesado.
También ha constatado "un reconocimiento y un agradecimiento profundo y una absoluta confianza" de todo el Gobierno catalán hacia Juvé, cuyas funciones se asumirán desde ahora en la Generalitat como determine Junqueras, responsable de la Vicepresidencia y de Economía.
Este jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) impuso multas diarias a Jové de 12.000 euros diarios si insiste en su desobediencia a este órgano, la misma que ha impuesto además para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre (igualmente, si persistieran).
El Gobierno catalán es el responsable
Turull ha asegurado que "ninguna coacción de éstas, ningún despropósito, por muy grande que lo quieran hacer, frenará nada" en el compromiso del Gobierno catalán, que es responsable en su conjunto del 1-O, ha dicho.
"El responsable del referéndum, por mandato del Parlament, es el Govern", es decir, el presidente, el vicepresidente y todos sus consejeros, que asumen todas las responsabilidades.
Según Turull, lo ocurrido con Jové no tiene precedentes y será "un ejercicio práctico de lo que no es el derecho en las facultades", y ha explicado que todas los detenidos tienen si quieren la asistencia jurídica garantizada de la Generalitat.
Al ser preguntado sobre si prevén que la acción judicial y policial del Estado pueda llevar a la detención de algún consejero y hasta del presidente, ha respondido que desconoce qué pasará, pero "del Estado, menos política y diálogo, se puede pensar de todo".
"Estamos tranquilos porque ninguna coacción ni intimidación parará nada. Esto ya está en manos de la gente", y no ha querido revelar si los catalanes recibirán las tarjetas censales para votar el 1-O, reiterando que según qué informaciones las sabrán todos los ciudadanos al mismo tiempo, viendo --ha añadido-- cómo se trata a terceros.
