Agentes de la Guardia Civil requisaron ayer abundante documentación relacionada con el censo de la consulta del 1-0, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC), durante el registro de la oficina de la empresa de mensajería Unipost en Terrassa (Barcelona), aunque también se registraron dependencias de la firma en L'Hospitalet.

Se trata de sobres con el logotipo de la Generalitat que se cree que contienen tarjetas censales y notificaciones para los miembros de las mesas de la consulta, aunque anoche, al cierre de esta edición, no se había precisado el número. La Guardia Civil intervino hasta hora 1,5 millones de unidades de material promocional.

A primera hora de la tarde un juez autorizó a los agentes a abrir uno de los sobres, ante los indicios de que el responsable de la empresa podría ser "cooperador necesario de un delito de malversación" vinculado a la organización del 1-O. Pero una concentración de unos 400 jóvenes bloqueó la entrada del secretario judicial en la sede de la firma para trasladar el oficio a los agentes. Al final lo logró pasadas las 19.30 y los jóvenes fueron desalojados por los Mossos d'Esquadra.

Unipost es la empresa que ya de hizo cargo de las notificaciones de la consulta del 9-N y además está en la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 5,4 millones, por lo que no puede contratar de manera directa con las Administraciones Públicas.