La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió actuaciones previas de investigación para averiguar si hubo un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán, que los impulsores del referéndum del 1-O pretenden usar para la consulta. La actuación responde a una denuncia de un ciudadano y llevó a la Agencia a solicitar información a diversas entidades, como el INE o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.
La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, que trabaja bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. El departamento, que está encuadrada en el Instituto Nacional de Estadística, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, un conjunto de datos que sólo están disponibles a nivel interno y que no se facilitan a ningún otro organismo.
