El vicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al ministerio de Hacienda en la que informa de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre.

Según ha adelantado TV3 y han confirmado a Efe fuentes de la consellería de Economía, Junqueras ha remitido este mismo jueves la carta al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

En ella, Junqueras señala que dejará de enviar los informes semanales al considerar que el requerimiento para remitirlos supone un "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".

Tras conocer la carta, Montoro ha requerido a la Generalitat que cumpla con su deber y remita de inmediato la información a la que está obligada.

En la misiva de Junqueras, el conseller asegura que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas, por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.

De esta manera, la Generalitat no enviará nuevos informes de gasto hasta pasado el día 1 de octubre, cuando el Govern prevé llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno impuso a la Generalitat la necesidad de enviar estos informes para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestas al referéndum.

En la carta, Junqueras recuerda que el Parlament aprobó el 6 de septiembre la ley del referéndum, que establece un "régimen jurídico excepcional, destinado a regular y garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación" y que este régimen es "incompatible" con las medidas de control de gasto aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Generalitat ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual "se exime y dispensa" a los responsables de la Generalitat "de la remisión de la información requerida", indica la carta.

El vicepresidente expresa también la voluntad de la Generalitat de seguir apostando "por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España".

Además, afirma que "hasta el momento no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado sobre la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, pese a las reiteradas propuestas y peticiones formuladas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament".

Al mismo tiempo, Junqueras señala que, pese al desacuerdo entre los dos gobiernos por la celebración del referéndum, comparte con el Ministerio de Hacienda "la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria de Cataluña y de España, de acuerdo con los compromisos con la Unión Europea en relación a la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas".

La respuesta de Montoro

En la carta de respuesta del Gobierno, consultada por Europa Press, Montoro advierte de que, si no facilitan estos datos, se adoptarán "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Además, Montoro deja claro al Govern que no puede justificar no cumplir las obligaciones del acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) de 21 de julio, porque las normas aprobadas en el Parlament hace una semana han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y por tanto no amparan ninguna actuación.

"He de recordarle que del contenido de citadas normas se deduce que no es precisamente, ni la sostenibilidad financiera, ni el equilibrio presupuestario, ni velar por el interés general, sus objetivos prioritarios", recuerda Montoro, que lo ve como un ataque directo a los mismos.

Asimismo, el ministro rechaza que el acuerdo de la CDGAE sea un control político, como argumenta textualmente Junqueras en su carta, y lo enmarca en medidas de control de la gestión y destino de los recursos públicos.

"En definitiva, control de legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales", apunta la misiva.

También recuerda al ejecutivo de Carles Puigdemont que cumplir el acuerdo de la CDGAE deriva del compromiso que voluntariamente asumió Cataluña al adherirse al mecanismo de financiación autonómica.