El soberanismo quiere proclamar la república de Cataluña el 2 de octubre, al día siguiente del referéndum en el que se decidiría si los catalanes optan o no por la independencia. Para ello, JxSí y la CUP, que conforman ahora la mayoría de la cámara, registraron ayer la denominada "Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República", la principal de las denominadas normas "de desconexión", que entraría en vigor en el caso de que el "sí" se impusiera en las urnas y establece en 89 artículos los pasos a seguir, entre ellos la salida del Ejército de territorio catalán. El Gobierno anticipó ayer que la ley será recurrida en cuanto comience su tramitación parlamentaria y nunca llegará a aplicarse.

Diputados del Junts pel Sí y la CUP presentaron en el registro la Ley de Transitoriedad con el propósito de que esté lista antes de la consulta convocada para el 1 de octubre. Lo hicieron pese a que se desconocen el procedimiento y las fechas en las que se tramitará la propia ley del referéndum, que daría cobertura legal a la convocatoria. Con ello, PDeCAT, favorable a que la norma se presentara con posterioridad al referéndum y una vez conocido su resultado, cede a la presión de sus socios de ERC y de los anticapitalistas, partidarios de que la ley estuviera aprobada antes del primero de octubre. Al anticipar la tramitación de la ley, sus promotores aseguran que buscan garantizar, a poco más de un mes de la consulta, "la seguridad jurídica y la transparencia. El ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto".

"República social"

La ley establecería un marco jurídico alternativo al español, sobre la base de que Cataluña "se constituye en una República de Derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña", y cuyo "jefe de Estado" será el presidente de la Generalitat. La norma establece un procedimiento para la redacción de una constitución catalana, que se completaría en el plazo aproximado de un año. El Ejército español debería abandonar Cataluña, cuyas aduanas pasarían a ser controladas por la Generalitat, según la norma. Además, se continuarían aplicando las normas del derecho de la UE, derecho internacional general y tratados internacionales. El personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña se integraría en la administración pública catalana en las mismas condiciones retributivas y empleo.

De los 89 artículos de la norma, sólo una de las tres disposiciones finales deja abierta la posibilidad del triunfo del "no" en el referéndum, lo que supondría la suspensión inmediata de la norma. El Gobierno de Rajoy advierte, sin embargo, que no habrá que esperar a esa eventualidad porque la ley de Transitoriedad "nunca entrará en vigor". En ello coincide Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, quien anticipa la previsible suspensión de la norma por parte del Tribunal Constitucional. Para el socialista Miquel Iceta el soberanismo está instalado en el "disparate" y el referéndum es "una operación sólo para independentistas" que actúan "como si ya hubiera ganado el sí".

Frente a la cautela de su partido, el número uno del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, es partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución si se hace "efectivo" el intento de los independentistas de "perpetrar un golpe de Estado".