Los sindicatos CC OO, UGT y USO registraron ayer la convocatoria de una huelga de 25 días en el gestor aeroportuario AENA y en Enaire, que comenzaría a partir del próximo 15 de septiembre. Fuentes de UGT confirmaron que siguen sin recibir respuesta por parte del Ministerio de Fomento en cuanto a sus reivindicaciones, por lo decidieron continuar con los trámites previos a la convocatoria de una protesta.

Esta acción se produce en un contexto de creciente conflictividad en el sector aeroportuario. Al conflicto en el aeropuerto barcelonés del Prat se suma la convocatoria de paros parciales en los aeropuertos de Santiago de Compostela y A Coruña, así como la amenaza de huelga en los de Valencia y Alicante.

Los sindicatos reclaman mejoras salariales a raíz de la acusada pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, en contraste con los "extraordinarios resultados económicos" del grupo. Por ello, piden un abono lineal por el que los trabajadores participen en esos resultados, así como un plan de empleo que consista en la creación de cientos puestos de trabajo en AENA y en Enaire aparte de la tasa de reposición.

Los paros anunciados coincidirían con la operación regreso de septiembre y con los días previos a los puentes de octubre, noviembre, diciembre y las fechas navideñas. No obstante, UGT mostró su confianza en poder lograr un acuerdo que evite la convocatoria final de una huelga.

Estas protestas en el sector aeroportuario han trascendido ya al ámbito político. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, avanzó ayer que su partido pedirá las comparecencias en el Congreso de los ministros de Fomento y de Empleo a raíz de esta situación.

Para el PSOE, el problema radica en la reforma laboral que el PP aprobó durante la pasada legislatura, causante en su opinión de la "explotación laboral" que sufren actualmente los trabajadores aeroportuarios. Frente a ella, los socialistas anunciaron que promoverán una serie de cambios legislativos contra la "precarización" en este sector.

Por otra parte, el Consejo de Ministros celebró una reunión extraordinaria para poner en marcha el laudo arbitral de obligado cumplimiento sobre el conflicto del aeropuerto del Prat, que ayer vivió su tercera jornada de normalidad gracias al despliegue de la Guardia Civil. El Gobierno, de esta forma, da 24 horas a las partes para designar un árbitro de mutuo acuerdo, o será el Ejecutivo quien lo nombre 24 horas después.