Las advertencias lanzadas por fuentes conocedoras del sector sobre la elevada probabilidad de que la huelga de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat se extienda a otros aeródromos empiezan a dar muestras de confirmarse. Tras anunciarse que el próximo domingo comenzarán paros parciales en Santiago de Compostela y La Coruña, ayer la alerta se extendió a Valencia y Alicante.

Según informó el sindicato UGT, el personal de Prosegur estudia ir a la huelga en esos dos últimos aeropuertos si el Gobierno no aprueba "un modelo único de contratación" del servicio de seguridad que garantice que "se respeta el convenio colectivo estatal" para que las empresas adjudicatarias no puedan recortar los salarios y los derechos de los trabajadores.

Varias empresas adjudicatarias de los servicios de seguridad en aeródromos españoles se han descolgado del convenio marco del sector, para negociar convenios particulares que, según denuncian las centrales, son perjudiciales para los trabajadores.

En el aeropuerto valenciano de Manises, precisó UGT, ya hay un acuerdo para llamar a la huelga si hoy, miércoles, el Consejo de Ministros aprueba el nombramiento de un mediador para resolver el conflicto de El Prat. La próxima semana se reunirá el personal del aeródromo alicantino de El Altet.

La huelga en los aeropuertos valencianos, prosiguió la central, pretende que el Gobierno "reflexione" porque "el problema no es con una empresa concreta" sino con "las licitaciones de los concursos por debajo del precio del convenio". "Más que concursos parecen subastas", lamentó UGT, que añadió que Barajas y aeropuertos de Andalucía también estudian sus propias huelgas.

La tensión no se vive sólo en los aeropuertos. La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO anuncia movilizaciones desde el 7 de septiembre para protestar contra la situación del sector de la seguridad privada, que, en su opinión, se encuentra "al borde del abismo" y de la extinción de su convenio colectivo.

Mientras, el aeropuerto de El Prat vivió ayer su segunda jornada consecutiva de normalidad, gracias al despliegue de la Guardia Civil y a servicios mínimos del 90%, considerados abusivos por los sindicatos.