El Gobierno catalán llevará adelante la ley del referéndum, con la que pretende dar cobertura legal a la consulta anunciada para el primero de octubre, aunque el Tribunal Constitucional la suspenda. Así lo anunció ayer el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, quien considera obligado "obedecer una ley emanada de un Parlamento legítimo y democrático".
La ley del referéndum, que el Parlament abordará a la vuelta de vacaciones, tras haber sido registrada con los votos de todos los diputados de la mayoría independentista, se ajusta a "dos principios de derecho internacional: el principio democrático y el derecho de excepción", según Rull. "El Gobierno del PP se ha negado sistemáticamente" a negociar una consulta, por lo que "cuando tú has probado de buena fe, de todas las maneras posibles de acuerdo con el derecho interno español, poder acordar las urnas, estás legitimado para poner estas urnas de acuerdo con una ley propia", defiende el miembro del Ejecutivo de Puigdemont.
La ley de referéndum prevé, entre otros aspectos, que para la independencia de Cataluña sea suficiente una mayoría simple de votos y que el Parlament proclamará la desconexión dos días después de la consulta si el soberanismo se impone en las urnas. El Gobierno de Rajoy ha anunciado ya su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa en el mismo momento en que la mesa del Parlament la admita a trámite, lo que supondría la suspensión inmediata de su proceso legislativo.
Las afirmaciones de Rull anticipan la intención del Govern de desobedecer al TC, una de las posibilidades que el soberanismo viene barajando para conseguir que la consulta de octubre tenga una apariencia de legalidad.
Esa desobediencia abocaría al Ejecutivo de Madrid a adoptar medidas más contundentes que ahora trata de evitar. Los independentistas buscan una reacción "desmedida y desproporcionada" pero el Gobierno no va a "caer en la trampa", anticipaba ayer el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas. En declaraciones a Europa Press, asegura que frente a las maniobras de Puigdemont y su entorno para "conseguir crispación", Rajoy "va a responder con mucha mesura y responsabilidad". Arenas se suma a quienes desde el PP exigen al resto de los partidos un cierre de filas frente al desafío soberanista y considera "absolutamente inoportuno" que el PSOE proyecte promover en septiembre una comisión de estudio en el Congreso para la reforma del modelo territorial, que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP muestra su preocupación por "las ambigüedades del PSOE" sobre el Estado plurinacional.
El PP asume la consigna de Rajoy de esperar a después del 1 de octubre para buscar un nuevo enfoque al problema de Cataluña. Pero empieza a calar la idea de que después tocará adoptar medidas políticas. "Hay que ir pensando en hacer una oferta a la sociedad catalana", sostenía ayer en una entrevista televisiva el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Tras asegurar que "no puede haber referéndum", García-Margallo advierte que "la guerra de nervios no puede perpetuarse en el tiempo" y constata que el Gobierno tiene "un arsenal de medidas" dentro de la Constitución para impedir que se celebre la consulta en Cataluña.
